¡No le tienes que vender al gobierno!

En Guatemala, la economía informal supera el 50 por ciento, y el gasto del gobierno no llega al 12 por ciento de PIB (Producto Interno Bruto).  Esto demuestra que si tú vendes un producto, tu mayor potencial de ventas está fuera del presupuesto del Estado; es decir, las ventas  potencial para los empresarios son 20 veces más grande fuera del gobierno.

Tomando como ejemplo el Ministerio de Salud; este tiene aproximadamente 5 mil millones de quetzales de los 70 mil millones que es el presupuesto (una catorceava parte del presupuesto). En primera instancia, debemos considerar que el presupuesto nacional es menos del 12 % de la producción nacional; por lo que, por una pastilla que compra el gobierno más de 50 se pueden vender fuera del ámbito estatal.  Claramente, tener un cliente que te compre Q 100 millones al año es más apetecible que tener 1,000 clientes que te compren Q 100,000 cada uno. Sin embargo, ver al Estado como tu cliente principal, es una de las principales causas que corrompe tanto a empresarios como a políticos y burócratas.

Las cifras anteriores nos demuestran que la oportunidad para crecer no está en el Estado, sino, en el mercado, pero para eso hay que competir.  Para competir en el mercado se requiere tener: buenos precios, buen servicio al cliente,  canales de distribución eficientes, inversión en la marca, publicidad, estar pendiente de lo que los clientes demanden, y sobre todo, saber hacerlo mejor que la competencia.  No cabe duda que la competencia les genera miedo a los empresarios, pero no olvidemos que genera buenos resultados a los consumidores.  Son los consumidores a quienes les tiene que dar miedo la falta de competencia, pues su mejor arma es irse con la competencia. Es decir, es el consumidor quien castiga al empresario al irse con otro proveedor.

A diferencia del mercado económico, la competencia en el mercado político implica una lucha por ganar un espacio en el presupuesto del Estado. Para ello, regularmente se invierte en hacer lobby con funcionarios del Estado, o a través de colaboraciones durante las campañas políticas. No se debe olvidar que en el mercado político, tu cliente principal es el político; ya sea el ministro, el diputado o el presidente; por lo que tu lealtad esta con ellos.  Además, cualquier persona que quiera ingresar en el mercado político tiene que estar consiente que todo el esfuerzo de ventas tiene que estar destinado a garantizar o aumentar las probabilidades que escojan tu producto. Y que no se olvide que son los funcionarios públicos quienes deciden qué comprar, y a quién. Por lo que las reglas del juego te obligan a quedar bien con un político, o burócrata; muy distinto  al mercado económico, en donde tu principal meta es lograr la satisfacción del cliente, y así retenerlo.

Actualmente, uno de los mecanismos de defensa de la democracia, es visibilizar las inversiones de financistas de campaña, para frenar la cooptación del Estado; con el fin de evitar que el proceso de compras del Estado sea abiertamente una competencia por quedar bien con los políticos de turno.  Por lo que es sano para el proceso político saber quién le da dinero a quien. Esto ayuda a la sociedad organizada, fiscalizar y estar pendiente de quién le debe qué favor a quien. Por supuesto, este no es un modelo perfecto, pero la evidencia señala que a mayor control sobre pago de favores, mejor funcionamiento tendrán los gobiernos.

Sobre el financiamiento electoral, el artículo 407 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, indica que los fondos deben ir al partido y no a los candidatos, y se establece que las donaciones anónimas son delitos.  Muchos de estos controles buscan evitar el pago de favores futuros, ya que no solo terminan dañando el presupuesto del Estado, sino que capturando al mismo.  Y sobre todo, está ley busca transparentar los procesos para evitar el financiamiento de estructuras criminales, encabezadas por: secuestradores, la red de trata de personas, narcotráfico, etc.   Al final, la ley nos sirve de protección de aquellos grupos criminales, quienes buscas capturar el Estado y aquellos pseudo empresarios, quienes buscan cooptar el Estado al eliminar la competencia a través de privilegios.

No cabe duda que Guatemala necesita de nuevos liderazgos políticos, y sobre todo de empresarios que se involucren en política respetando el principio de igualdad ante la ley.  Involucrarse no debe verse como algo necesariamente malo, lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Con qué fin nos involucramos en política? Al final, después de todas las capturas que ha dejado el 2016, espero que surjan nuevos liderazgos empresariales, que: estén en contra de los privilegios, que se alejen de las tentaciones de entrar en el mercado político, y sobre todo, que tengan la visión de que cuando el país crece, a todos nos va mejor, y ese crecimiento económico solo se logra en ausencia de privilegios, y bajo un sistema de justicia independiente que garantice la vida y la propiedad.

También, espero ver una nueva generación de políticos, más profesionales y probos, guiados por una ciudadanía que comprende cada vez mejor la importancia que el Estado no es un negocio, y que su función principal es velar por el cumplimiento de la ley.

Cristian Álvarez
Director
Centro Para el Análisis de las Decisiones Públicas – CADEP

La Captura del Estado

En Public Choice, el término “teoría de la captura” o “captura del ente regulador”, se refiere a la situación que ocurre cuando los grupos de interés, o rent seekers, que se ven directa o indirectamente afectados por las políticas públicas, emplean sus estrategias y recursos para obtener regulaciones que los benefician; logran “capturar” o acceder a las decisiones del ente regulador para su beneficio propio. El resto de participantes de la colectividad, en igualdad de condiciones, se ve imposibilitado de competir y acceder a un mercado libre de oportunidades; obtener concesiones, prestar servicios públicos, o realizar cualquier otra actividad en que dicho ente capturado tenga discreción, y deba conocer y tomar decisiones. El ente regulador capturado se vuelve protector de los intereses de sus captores, y pierde su naturaleza de regular conforme a los principios del Estado (bien colectivo), que a la larga se traducen en resultados económicamente mas eficientes.

El Nobel de Economía George Stigler, llamaba “Economía de la Regulación” al estudio de estos temas, y explicaba entre otras cosas que, los entes reguladores benefician únicamente a los grupos de presión, porque aunque fuera costoso el cabildeo para asegurarse privilegios, ellos los pagaban, ya que el resultado era muy beneficioso y pues el resto de la colectividad no los apercibía, o era muy alto el costo de organizarse y oponerse.

En Estados Unidos, el tema es de intenso debate, y hay muchos tratadistas que lo discuten diariamente, ejemplo de ello es lo que algunos consideran captura del ejecutivo estadounidense, que devino después de la llamada “Abdicación Legislativa”. El Congreso de Estados Unidos de América, relegó gran poder al Presidente de Estados Unidos después de la aprobación de la Ley Patriota, a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001.  Después de esta “abdicación”, el Presidente obtuvo amplios poderes, y habría “sido capturado” por grupos de presión. Así pues,  la crisis económica y presupuestaria actual, fue causada en gran medida a los efectos posteriores de la “democratización” de las inmensas deudas de grandes empresas, y banqueros de Wall Street en el 2008. Estos rescates financieros, o “bailouts” (tema preferido de los candidatos a la presidencia actual de dicho país) fueron otorgados por el capturado ejecutivo estadounidense de forma muy generosa, y ha sido punto de gran discusión. ¿Por qué el Presidente hizo esto?, La respuesta inmediata fue “para rescatar la economía mundial de un colapso”, pero no sabemos a ciencia cierta si el remedio fue peor que la enfermedad, debido a que actualmente los Estados Unidos maneja una inverosímil deuda de catorce dígitos. ¿Son estos bailouts beneficiosos? ¿Se justifican estos rescates? Es discutible la respuesta, pero a Public Choice le interesa más la pregunta: ¿Por qué se dieron? Y es aquí que hablan de la captura del ente regulador, en este caso del ejecutivo estadounidense por estas enormes entidades, empresas que frecuentemente financian campañas políticas, y que obtienen grandes contratos de parte del Estado.

En Guatemala, el Ministerio Público acaba de destapar un verdadero tsunami que ha denominado “Cooptacion del Estado”, en el que diversos sectores se ven involucrados en escándalos de corrupción por presunto financiamiento ilícito de partidos políticos. De ser ciertas las afirmaciones del Ministerio Público, nos encontramos ante un típico caso de captura; el Estado guatemalteco no se organiza para “proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo en la realización del bien común” ni que es deber del Estado “garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona” como reza nuestra Constitución, sino más bien para proteger los intereses económicos de estos grupos de presión, o rentistas. Los grupos empresariales, sindicatos, banqueros y otros grupos de presión habrían capturado exitosamente mediante sobornos y otras dádivas la influencia de los administradores públicos, obteniendo así jugosos contratos y otros beneficios. El resultado es, según explican los economistas, negativo para el país, pues se traduce en falta de libre competencia, falta de certeza legal y todas sus consecuencias ya conocidas. El Estado guatemalteco estaría al servicio de sus captores, dejando de realizar los objetivos para los cuales fue creado.

Algunos acusan a Public Choice de únicamente explicar los fenómenos y no dar soluciones a los mismos; pienso que esa es el área actual de interés de esta interesantísima disciplina. Con respecto a la teoría de la captura, hay varias posturas: hay quienes piensan que el riesgo que un ente sea capturado es tan grande que lo mejor es clausurar el ente; entre menos entes reguladores haya, mejor. Dejar que las fuerzas del libre mercado actúen solas y que con un buen marco legal que proteja los derechos individuales, las fallas propias del mercado como las externalidades negativas pueden ser resueltas.  Otros dicen que los entes reguladores siempre deben existir, pero que deben ser permanente auditados o vigilados externamente, es decir por entes no públicos.

La captura de los entes reguladores es un fenómeno que existe es todo el mundo en diversas medidas. El poder coercitivo del Estado, es un activo que debe ser utilizado de conformidad con las leyes; de conformidad con el beneficio colectivo como reza la Constitución. Las leyes establecen que los entes reguladores deben otorgar concesiones, permisos, licencias, a los actores que ofrezcan la opción más eficiente económicamente hablando en un ambiente de libre competencia. No hacerlo así, conlleva resultados adversos a la economía que, aunque no los sintamos tan presentes, están ahí, son devastadores y nos afectan a la mayoría. Todos los ciudadanos deberíamos dejar de ser apáticos e involucrarnos más activamente en evitar la captura de los entes públicos reguladores. Es  una obligación de todos.

Héctor López Saldoval

Corrupción Tipo I y Tipo II

La corrupción golpea día a día a Guatemala, y la semana pasada con el caso denominado “Cooptación del Estado” ha quedado claro el tamaño y la forma de operar de políticos, medios de comunicación y empresarios.

No podemos dejar de pensar que cada  tragedia es, en parte culpa de los burócratas, políticos y empresarios que se roban el dinero, con el cual se pueden mejorar los drenajes, carreteras, educación y salud. Gracias a las redes sociales cada día es más fácil saber quienes son los ladrones, y cuales son los montos.

Una transacción de corrupción siempre tiene tres partes; el que pide la mordida, el que da la mordida, y un tercero que esconde la información. No pienso defender a ninguno de los tres, pero si hay males mayores.  Por ejemplo; no hace el mismo daño quien sabe de la existencia de plazas fantasmas y esconde la información, que cuando la prensa conoce de esos excesos y decide no publicarlo, es decir, cuando la prensa vende su silencio.

Pero también hay que diferenciar tanto a los que piden, como a quienes dan mordida; en ambos casos hay una falta de ética, que muchas veces puede ser incluso inmoral, pero no toda la corrupción es igual de dañina o de inmoral.  Es muy importante hacer ver la diferencias entre; quien da mordida y es víctima, y quien organiza la mordida y es igual o peor que quien la reciben.

Veamos esta diferencia con un sencillo ejemplo, (que posiblemente nos ha pasado o hemos oído que le ha pasado a alguien cercano).  Corrupción Tipo I: si usted olvida la tarjeta de circulación en casa y lo detiene la policía; quienes le salen con “nos tenemos que llevar su carro consignado”; usted se pone nervioso, llama a su casa, pide que le envíen la tarjeta, su hijo pagaría taxi, en fin, un desastre y debe invertir dinero para salir del problema. Y de repente el policía le dice; ¡ayudémonos!, usted siente un alivio, le da doscientos quetzales, se ahorra el taxi, no pierde más tiempo. Usted fue víctima de extorción. Aunque haya actuado “mal” al aceptar dar mordida, usted siente que ganó o que se ahorro algo.  Fue extorsionado a causa de leyes, absurdas algunas y complejas, casi todas.   Esa combinación de leyes malas y muchas, es el terreno propicio para que los empleados públicos puedan pedir mordidas y extorsionar a los ciudadanos y empresarios.   Este tipo de corrupción, es el resultado de la vida en una sociedad que vive por permiso y no por derecho, la tramitología se esquiva dando mordidas, y los burócratas encuentra un complemento para su trabajo, pues sube su sueldo, y se ganan amistades “ayudando”, pues muchas veces representan ahorros importantes a los usuarios de los trámites estatales, creados por el mismo sistema. La mordida nos salva de ellos mismos.

Corrupción tipo II: distinto es planear proyectos espurios en conjunto (empresarios – diputados – ministros – jueces), para lograr saquear al Estado,  extorsionar empresarios o sacar mordidas de los trámites. Inventarse un proyecto de dragado de ríos para robarse varios millones, negociar la construcción de una carretera sin supervisión o interferir en contratos de medicina haciéndolos a la medida. Contratar especialistas para que armen procesos de contrataciones  que pocas empresas pueden cumplir, y pasado el evento es muy complicado seguir la pista a quienes participan en los ilícitos. Esa corrupción es un crimen mucho más deleznable y punible que dar o pedir mordida por no llevar tarjeta de circulación.

No debemos olvidar que la corrupción Tipo I surge muchas veces para sobrevivir a tantas leyes que nos ahogan. Sigue siendo un acto que se debe abolir y combatir, pero muchas veces es resultado de un mal diseño institucional.

Y la corrupción Tipo II, es porque hay políticos, burócratas y empresarios sin moral, que solo ven como llenar sus bolcillos de dinero.  No hay duda que es un acto cargado de ilegalidades y que hace daño presente y futuro a la sociedad.   Es un acto que se asemeja a un secuestro, es decir, el acto que en derecho penal, a mi gusto, merece la pena más severa, pues implica hacer daño con alevosía y ventaja, observar a la víctima y escoger la más débil, hacerla sufrir para aumentar el rescate, extorsionando a los padres. Saben el daño que hacen, y tienen mucho tiempo para arrepentirse y no lo hacen. Es planeado.

La corrupción Tipo II es equivalente a un secuestro.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas | CADEP
Universidad Francisco Marroquín

Sin impuestos competitivos no funcionarán las ZEE

El Profesor Pazos nos explica como la China comunista logró sacar a millones de la pobreza. Ojala México copie el esquema y pronto Guatemala.

Luis Pazos

Durante 50 años de aplicación de una economía socialista dirigida por el gobierno, con Mao Tze-Tung a la cabeza, no hubo crecimiento económico en China y sufrieron a finales de los 50 una hambruna en la que murieron más de 35 millones.

Al término de la década de los 70 el nuevo dirigente de China, Deng Xiaoping, ante el evidente fracaso del sistema socialista estatista, propone ensayar en algunas provincias el sistema capitalista mediante lo que llamaron Zonas Económicas Especiales: libre comercio con bajos impuestos, libertad de contratación, facilidades para la importación, exportación y respeto a la propiedad privada.

Esas Zonas Económicas Especiales (ZEE) se convirtieron en el motor que transformó a China de un país con pobreza y atraso –adjudicada según los ‘expertos’ de la ONU a la sobrepoblación–, en la economía que sacó más rápido a millones de chinos de la extrema pobreza e incrementó salarios reales.

El método no fue aumentando impuestos a los ricos sino –como lo demuestro en el libro Desigualdad y distribución de la riqueza– disminuyéndolos. Gran parte de las tres mil 500 Zonas Económicas Especiales están en China (mil 500).

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la primera ZEE en México, lo cual puede convertirse en un camino para incentivar el crecimiento, si tienen los incentivos adecuados; o convertir a esas zonas, como lo señala la revista Forbes, en un despilfarro de recursos y en un costoso fracaso, si pretenden desarrollarse por decreto. Uno de los ‘secretos’ del éxito de las ZEE en China son los bajos impuestos a las empresas: 15 por ciento, además de flexibilidad de las leyes laborales y facilidades para exportar e importar.

Si en México esas zonas no van acompañadas de tasas competitivas de ISR con las miles de ZEE que existen en China, India y otros países, servirán sólo para hacer anuncios mediáticos, como el del ‘presupuesto cero’, y se convertirán en ‘elefantes blancos’, como comenta Forbes.

Para atraer masivamente la inversión extranjera mediante las ZEE no sólo deben dar incentivos fiscales según consideren ‘expertos’ de la Secretaria de Hacienda, sino tasas de impuestos a empresas que compitan con las de China, India y otros países. Si no, en unos años veremos notas que digan “Fracasaron las Zonas Económicas Especiales”.

A vueltas con el transfuguismo

El transfuguismo es un fenómeno político que despierta pasiones entre los guatemaltecos. Todo aquel interesado en política tiene una opinión respecto a dicho proceso. La mayoría de ellos, en contra por supuesto. Grosso modo, podríamos definir el transfuguismo como el fenómeno de transitar de un partido a otra dentro de una legislatura o entre legislaturas. Es innegable que el transfuguismo en el sistema político guatemalteco es resultado de los incentivos perversos que existen al interior del mismo. Sobre todo, cuando observamos cómo funciona el sistema electoral que regula la competición política en el país y cómo interactúa dicho proceso con nuestro problemático sistema de partidos.

Hablar de transfuguismo es hablar de cambios. Algunas veces obscenos. Hay diputados que llegan a pasar por cinco, seis partidos en una misma legislatura. Verdaderamente, un delirio. Los tránsfugas existen porque de una forma u otra, los diputados no sufren –o hasta el momento no lo han hecho- ningún tipo de costo (castigo) por el hecho de ser tránsfugas. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, el debate se ha posicionado en exceso alrededor de las personas. La discusión gira en torno a los individuos que por una razón u otra caen en el transfuguismo. No se ha reflexionado demasiado sobre el problema genético que sufre el sistema electoral guatemalteco y que motiva la mutación de muchos diputados convirtiéndolos en tránsfugas.

El tema no es nuevo y podemos sumergirnos en la literatura que en el país se ha producido al respecto. Trabajos como el desarrollado por Javier Fortín(1) y publicado en la prestigiosa revista América Latina Hoy, sirven definitivamente para comprender mejor la dimensión de este interesante fenómeno político. A nivel de opinión pública, también podemos encontrar en numerosos diarios y publicaciones masivas, reflexiones de naturaleza cuantitativa señalando cuántos y quiénes se han convertido en tránsfugas a lo largo de las ya ocho legislaturas de nuestra joven democracia. Considero, sin embargo, que no se han divulgado bien ni las soluciones ni la verdadera problemática que resulta de este proceso político. Una pregunta clave que debería presentarse al iniciar la discusión debe ser ¿es el transfuguismo de verdad un problema?¿Es la prohibición por decreto del transfuguismo la solución? La respuesta objetiva y politológica sería… Depende. Depende del sistema electoral que eleva a los diputados al puesto de representación política y pública. Como politólogo, creo que lo ideal no sería prohibir el transfuguismo. Deberíamos hacerlo irrelevante…

Bajo nuestro sistema electoral, pensado estrictamente para los partidos políticos, el transfuguismo es indudablemente una estafa al votante. La lógica electoral que impera en Guatemala responde a los partidos políticos. Los ciudadanos votan a las organizaciones y no a las personas. En ese sentido, cuando un ciudadano emite un sufragio, dicha preferencia se trata como un voto ideológico-partidista y no como un voto de confianza-personalista –sea ideológico o no-. La conclusión es clara: El votante elige partidos, eso es lo que desea la dinámica electoral diseñada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nuestro sistema confía en los partidos, cree en ellos. La baja institucionalización de los mismos y la alta rotación existente en el legislativo guatemalteco incita a los diputados a “transfugar”, a moverse, con el objetivo de sobrevivir en la “jungla” legislativa. Los diputados no son ángeles, pero definitivamente no existen instituciones, ni partidistas ni electorales, que frenen el proceso de forma progresiva, educando a los “jugadores” que participan en política.

Ante este escenario, ¿qué deberíamos hacer? Como he señalado líneas atrás, deberíamos ahorrar esfuerzos haciendo el transfuguismo irrelevante. Ya he afirmado que la prohibición no es la solución… Incluso podría agravar el problema y hacer del mismo algo más enfermizo para nuestra joven democracia liberal. A día de hoy, sabemos quiénes son los tránsfugas. Si prohibimos el transfuguismo, probablemente escondamos el problema agravándolo, haciendo que los diputados no cambien de partido, pero sí de lealtad cuando votan, cuando establecen asociaciones, etc. La solución al transfuguismo, la definitiva, la que lo vuelve irrelevante, es el cambio hacia un voto de tipo personalista que puede ser ideológico o no.

Y no debemos confundir personalismo con uninominalismo. Existen en la oferta de fórmulas electorales varias opciones. Efectivamente, podemos encontrar lógicas uninominales, binominales y plurinominales de naturaleza semi-proporcional. En todas ellas, ser tránsfuga o no, importa poco pues el votante sabe a quién le está dando la confianza, cambie o no de partido. Es importante tener en cuenta que en las discusiones que se han tenido alrededor de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no se ha discutido la fórmula electoral. Este tema no ha entrado a debate. Sí el transfuguismo. Sin embargo, no parece que la actual reforma haya ayudado a mejorar la situación sobre los tránsfugas. Se ha maquillado el sistema, no se ha reformado. Y por lo tanto, creo con cierto pesimismo que no se ha resuelto el problema. Ojalá me equivoque, pero si el producto final no ayuda a volver irrelevante el transfuguismo, quizás aumente la frustración –ya preocupante- que la ciudadanía posee sobre el sistema político. Esa, la irrelevancia y no la prohibición, representa la verdadera solución al problema. A nivel politológico, esa debería ser la pregunta que tenemos que responder para resolver de una vez por todas esta enfermedad que aqueja a nuestro sistema político.

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(1)Fortín, Javier (2010). “Transfuguismo parlamentario en Guatemala: Un caso de altos costos de transacción, monopolio partidario y bajos costos de transacción”. En América Latina Hoy, vol. 54. Pp. 141-166.

Eduardo Fernández
Profesor
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales | EPRI
Universidad Francisco Marroquín

¿Por que insistir en el tema de Venezuela?

Para quienes le han dado seguimiento a la aventura socialista que se desarrolla en Venezuela, esta claro como el deterioro económico, político y social es  cada día más evidente. Gracias a la tecnología, la información llega al mundo sin importar la represión del régimen. La pobreza creció, la escases es evidente en los supermercados y en las despensas de cada hogar, la violencia aumentó, la corrupción  reina en casi todas las instituciones públicas, la democracia se ha manipulado y por supuesto gobernar es cada vez más difícil, pues el poder que actualmente ostenta el presidente Maduro descansa en el uso de la fuerza, una fuerza cada vez más ilegítima que crece a medida que se acerca el final de su tiránico mandato.

La única forma que el presidente Maduro y sus seguidores sigan en el poder es usando cada vez más el poder del estado, lo que se traduce en mayores represiones para los ciudadanos.  Ya  paso el amor que le tenían al tirano y dio paso al odio, un odio que se refleja en constantes manifestaciones y un nivel de popularidad de los mas bajos de la historia de Venezuela.

Es importante insistir en que todos las generaciones conozcan que pasa en Venezuela, pues lo que esta sucediendo ya sucedió, y sucederá de nuevo en cualquier país que intente vivir la aventura socialista.  Ya lo vivió la Ex Unión Soviética, la Alemania Oriental, y otros mucho países como Cuba y Corea del Norte.

Ver como un país próspero, rico en recursos naturales como petróleo, terminó en un desastre económico, político y social, nos debe hacer recordar siempre el peligro que enfrentamos al escoger el sistema de gobierno en cada elección.

Muchos jóvenes actualmente abrazan la idea de un sistema socialista, con mayor intervención del estado, y aún eran muy pequeños cuando cayó el muro de Berlín, y destapo la pobreza y vejámenes que ocurrían detrás de la cortina de hierro.  Oyen historias de las bondades del socialismo, pero tienen pocas oportunidades de ver como funciona en la realidad, pues por suerte, son pocos los países que se atreven a  poner en marcha la aventura socialista.

Venezuela da la oportunidad al mundo de ver los resultados de vivir en un país que aspira a ser socialista o comunista.  Nos muestra claramente que un país con menos libertad personal, restringida por el gobierno y sus buenas intenciones,  en lugar de progresar se empobrece.  En lugar de vivir en paz, la violencia y la escases, la falta de empleo y de un futuro mejor, empujan  a las sociedades a la angustia que se refleja, en inestabilidad social.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas / CADEP

Seguridad social de a mentiritas

Que fácil es para los políticos vender mentiras.  Decir hemos logrado, hemos hecho, pero la pobreza no se reduce.  Luis Pazos lo escribe muy claro en el siguiente artículo.

Luis Pazos

El gobierno anunció la incorporación de 7 millones de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 8.3 millones de beneficiarios de los programas sociales del estado al Seguro Popular.

De un plumazo 15.3 millones de mexicanos tendrán teóricamente medicinas y hospitales. Así el actual gobierno presumirá que dio seguridad a millones y aparecerá en las estadísticas nacionales una reducción de “las carencias sociales”. Nos preguntamos ¿generarán votos de agradecimiento al partido en el poder esas declaraciones mediáticas, sin fundamento en las actuales instalaciones en el sector salud? significan esos “avances” un acercamiento real a la tan prometida “seguridad social universal”? ¿son declaraciones populistas, pues prometen algo que no se puede cumplir sin realizar nuevas inversiones y ampliaciones en el sector salud? ¿Es solo una acción para ganar popularidad entre ciudadanos a los que consideran ignorantes y que aceptan cualquier promesa sin sustento, como los aumentos de salarios y seguridad social por ley?

Uno de los principales problemas del IMSS es su falta de capacidad para atender a sus actuales derechohabientes. Miles de trabajadores adscritos a esa institución, ante esperas de más de un mes para realizarse estudios, prefieren pagar un médico particular, en lugar de utilizar al IMSS, que lo ven como una institución donde hay escasez de medicinas e instalaciones, que les puede costar la vida o la de algún familiar. Patrones y empresarios ayudan en muchos casos a solventar los gastos médicos de trabajadores que se niegan a ir al IMSS. Los patrones pagan doble, al IMSS y a un médico particular.

¿Cuenta con capacidad el seguro social para atender debidamente a 7 millones de personas más y el sistema hospitalario estatal para recibir, de la noche a la mañana, a 8.3 millones de demandantes extras de sus servicios? ¿es una medida para que el actual gobierno muestre a quienes miden la pobreza, como CONEVAL, “avances” sin fundamento en la capacidad de las instituciones que brindan la seguridad social en México?

Quitar el antejuicio, un paso en la dirección correcta

Hace 30 años nuestros líderes apostaron por la democracia, y sabían que una democracia sana necesita de muchos candidatos, de competencia en las urnas, y  por supuesto que los mejores busquen alcanzar el poder para servir.

Pero en los años ochentas quienes estaban en el poder perseguían a líderes de otros partidos, limitando la competencia política. La muerte de líderes estudiantiles y políticos como Manuel Colom Argueta se le atribuyen a los gobiernos de antes del 1985, que buscaban eliminar la competencia futura por medios violentos. Este miedo a los excesos del estado, acertadamente creo yo, motivo la creación de un privilegio, la figura del antejuicio, el cual permitió limitar el poder del estado, y así garantizar que los futuros líderes pudiesen competir políticamente.

Pasaron 30 años y este privilegio degeneró. Hoy el estado ya no persigue opositores y el antejuicio protege a funcionarios que se han enriquecido de forma poco transparente.  Incluso hay quienes buscan ganar elecciones para tener esa protección, gastando mucho dinero en la campaña.  Dos problemas de la democracia guatemalteca son; el alto costo de las campañas y el dinero de actividades ilícitas que las financian. Mucho de este dinero es invertido por personas que aspiran a tener la inmunidad inherente al cargo, la cual es reforzada por la figura del antejuicio.

El antejuicio es una barrera para poder exigir a los funcionarios rendición de cuentas. Si un proveedor del estado o un ciudadano quiere denunciar robos o abusos de los alcaldes, se enfrentará con que sus denuncias no son procesadas, pues se debe poner un antejuicio, y eso encarecerá la denuncia.

En otras democracias, como las europeas, el solo anuncio que un alcalde o diputado esta siendo investigado de corrupción o actos que riñen con la moral, hace que se separe del cargo.  Renuncian.

Quitar el antejuicio es un paso en la dirección correcta para eliminar privilegios. Quien decide hacer carrera política sabe que el precio es la constante vigilancia de los medios y la población sobre su actuar público, el cual debe ser ejemplo de las mejores prácticas. Eliminar el antejuicio es un paso necesario para tener mejores servidores públicos.

Políticos y emprendedores

En nuestras creencias y escala de valores es importante replantear algunos conceptos sobre los actores sociales.

Los políticos gastan la riqueza que otras personas han creado, y muchos  dicen que son compasivos, que se preocupan por los demás, mientras que a los emprendedores que son quienes producen esa riqueza, muchas veces los vemos con un toque de desprecio, los catalogamos de materialistas y ambiciosos.

Pero es esa capacidad de ver oportunidades de negocio lo que nos permite tener peluquerías, ventas de tortillas, agricultores, sastres, restaurantes, etc.

Estos guatemaltecos arriesgan sus ahorros, invierten su tiempo, pagan salarios, y si hay perdidas nadie los ayuda.  Lo que hacen los políticos y burócratas es aprovecharse de este esfuerzo de muchos, cobrando un impuesto, y con ese dinero que le quitan a agricultores, vendedores, comerciantes, empresarios, presumen de atender a la población.

Los emprededores son el motor del progreso. Los políticos deben servir a esos motores.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas

Primer Seminario en Cuilapa, Santa Rosa

El expresidente Juan José Arévalo durante su mandato le apostó a la educación para el desarrollo del país. El “Primer Seminario Interuniversitario” también lo hizo. Menciono a este personaje, porque su nombre lo lleva el Instituto Experimental de Cuilapa, Santa Rosa (INEJJAB); el cual el pasado 13 de mayo fue el punto de encuentro del Seminario organizado por el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP) de la Universidad Francisco Marroquín.

Este seminario titulado “Economía para la Política”, abordó y desarrolló temas relacionados con el Análisis Económico de las Decisiones Públicas, siendo estos: la democracia, desde el punto de vista económico y el Rent Seeking o búsqueda de renta, como una dinámica inherente al sistema político. El objetivo era  difundir estos conocimientos con nuestros colegas universitarios del oriente del país y discutirlos, para generar criterios propios. Y para ello, académicos como: el economista Roberto Blum, el analista político José Carlos Sanabria, los abogados Jorge Luis Córdova y  Lester Echeverría y el ex candidato a la presidencia Roberto Gonzales, impartieron una serie de conferencias.

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El calor característico de la región nos dio la bienvenida, desde el instante en el que bajamos del vehículo. Nos llevamos una gran sorpresa al ver el gran número de estudiantes interesados en el seminario. En su mayoría estudiaban las carreras de Derecho y Administración de Empresas.

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