La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón