Los Aranceles, el contrabando y el caso del Pollo

Los Estados se han atribuido el derecho de cobrar por el ingreso o egreso de bienes y servicios producidos dentro o fuera de sus fronteras, y para eso han estableciendo tarifas, aranceles, requisitos fitosanitarios, etc. los cuales permiten regular el comercio internacional según distintos fines. Esta intervención de los Estados ha sido fuente de constantes abusos lo que ha llevado a entorpecer el crecimiento económico y buscar nuevas reglas para el comercio internacional. Los Tratados de Libre Comercio ofrecen una salida parcial para estos abusos y beneficia especialmente al consumidor; pues este último obtiene los beneficios de una mayor cantidad de productos a menores precios en el mercado nacional. Pero el tema central de la discusión es <<los aranceles>>, ¿son buenos? ¿son malos?

Para conocer la respuesta a las interrogantes tomemos como ejemplo el caso del pollo en Guatemala. Pues bien, el pollo ha sido motivo de discordia entre productores e importadores, ya que la importación del mismo al país cuenta con una tarifa arancelaria del 12.5% con tendencia a la baja, según lo negociado en el TLC con Estados Unidos y Canadá. La existencia de este arancel uno pensaría que los beneficiados son los productores nacionales, representados en la Asociación Nacional de Avicultores (ANAVI) mientras los importadores sufren las consecuencias pues el arancel aumenta sus costos, lo que los obliga a subir precios, bajar calidad o bien despidos. Por supuesto uno de los afectados es el consumidor que tendrá que consumir un producto más caro.  No obstante, ante las medidas impositivas del gobierno y su incapacidad de hacer cumplir la ley, el contrabando entra en escena. Con el contrabando el escenario se ve más adverso para los productores nacionales, pues el producto de contrabando al no pagar tarifa, tampoco IVA y se puede vender a un precio más bajo que el producto importado legal y el producido en Guatemala.

Recientemente el Ministerio de Economía (MINECO) aparece con una iniciativa para desgravar el arancel (llevar la tarifa a cero) y favorecer las importaciones al pollo y de esta manera permitir que sean los consumidores quienes finalmente decidan entre los diversos productos que debe utilizar.  Lo interesante ante este escenario es la falta de protesta por parte de los productores nacionales, (quienes en teoría se benefician de los aranceles a las importaciones) lo que nos lleva a preguntarnos si es realmente el espíritu de una competencia justa y romper con los monopolios o bien es el problema del contrabando y el acceso al arancel el que realmente mueve la falta de pronunciamiento. Ejemplificando como, al contrario de la creencia popular, los aranceles afectan de manera negativa al consumidor y al productor nacional.

Por lo tanto, se puede concluir que si bien los aranceles son tarifas que se establecen para regularizar y desincentivar el consumo de productos importados, en este caso afectan tanto al consumidor (al perder la variedad de productos) como al productor nacional, pues la existencia de un arancel hace que se opte por el contrabando como salida ante la insostenibilidad de un producto, por lo que el productor nacional se ve inmerso en una competencia desleal; afectando de manera directa sus ventas y su desempeño en el mercado. En fin para evitar todo tipo de escenarios adversos a la economía la mejor solución es eliminar los aranceles que tanto afectan al consumidor y al productor, abrir las puertas al libre comercio y a la competencia justa; sin ventajas ni privilegios para nadie.

Colaboración

María José Quezada Soler                                                                                               Estudiante Relaciones Internacionales                                                                           Universidad Francisco Marroquín

 

Cómo darle trabajo a deportados de EUA

El gobierno de Guatemala al igual que al gobierno de México pueden hacer muy poco para influir en las políticas migratorias, y el trato que Estados Unidos da a nuestros compatriotas que  trabajan en tierras americanas o que sueñan con llegar a ellas.  Lo que si pueden hacer los gobiernos es impulsar políticas que atraigan más y mejores fuentes de empleo a sus países.
Luis Pazos
Para que la economía absorba el regreso de cientos de miles de mexicanos de Estados Unidos, y evitar que desempleados y subempleados traten de pasar la frontera para conseguir un buen empleo, que no lo pueden encontrar en México, es necesaria la derogación de leyes y reglamentos que obstaculizan la creación de empleos.

Muchos de los que regresan traen recursos para comprar  tierras y convertirse en pequeños propietarios, pero la incertidumbre de la propiedad en el campo les impide hacerlo. Se debe facilitar la compra-venta de ejidos, derogar leyes que exigen asambleas en las comunidades para validar su venta. Que cada ejidatario o comunero venda o compre tierras con la misma seguridad jurídica y procedimientos que en las zonas urbanas.

Cientos de miles llegarán de los EUA en busca de empleo, por lo que es necesario flexibilizar las leyes laborales y reducir cargas fiscales a los empresarios para incentivar y facilitar la creación de más empleos.

El exceso de cargas, reglamentaciones y de gravosas multas por cualquier falta administrativa, que generan corrupción, mayores costos de transacción en la apertura de empresas y en la contratación de personal, son de las principales causas de la baja creación de empleos en México. Es necesario simplificar la ley laboral, reducir impuestos y trámites a la generación de empleos legales para aumentar su oferta en el mercado laboral.

Los planes de aplicar impuestos a exportaciones hacia los Estados Unidos de productos mexicanos y de bajar los impuestos a empresas en los Estados Unidos de Trump, hacen necesario la reducción de impuestos a las empresas en México para darle competitividad a la inversión. Si Trump reduce los impuestos a empresas en EUA, el peligro no solo será que emigren empresas extranjeras que ya están en México sino que no lleguen más a invertir.

Facilidad y seguridad en adquirir propiedades en el campo, reducción de cargas fiscales y laborales a los creadores de empleos, son algunos cambios que deben iniciar el Ejecutivo a nivel reglamentos y los legisladores en cuanto a reformas y derogación de leyes.

No quedarnos en llamados a la unidad o a una negociación digna, y postergar reformas en el entorno legal interno, necesarias para amortiguar y contrarrestar las políticas anunciadas por Trump.

Gasolinazo, impuestos, corrupción y liberalización

Una explicación sobre el por qué de los cambios en los precios de la gasolina en México y del peligro de no corregir el rumbo.

Luis Pazos

Al inicio del actual gobierno se nos dijo que el aumento de impuestos era para cubrir el hoyo que dejó en las finanzas públicas la baja internacional del petróleo; hoy nos dicen que el aumento de precios de la gasolina es por el alza internacional del barril del petróleo. Baje o suba el barril del petróleo el mexicano paga más por el litro de gasolina que sus vecinos del norte, con un mayor poder adquisitivo.

No confundir la liberación del precio de la gasolina, que es un paso positivo, con el alto precio de la gasolina generado por la ineficiencia, exceso de prestaciones al personal sindicalizado, baja productividad, mala administración y corrupción en Pemex, vicios que no comenzaron con esta administración, pero se agravaron en los últimos cuatro años.

Antes, la mayoría de las gasolinas se producían en México, ahora importamos cerca del 70%. La balanza comercial petrolera es negativa. (Datos en el libro EPN: EL RETROCESO). Pemex ya no genera ingresos al gobierno ni dólares al país. Necesita subsidios para pagar el aumento irresponsable de su deuda y la compra de plantas chatarra por arriba de su precio de mercado.

La necesidad de cubrir cada año sus mayores gastos y los hoyos dejados por el saqueo de varios Estados, los llevan a sacar dinero de donde puedan. Los altos impuestos integrados al precio de las gasolinas son principal causa, no su liberalización, de que en México paguemos un mayor precio por la gasolina que en EUA.

En diciembre de 2016, en Texas el impuesto a la gasolina era del 17.9%, en California, 19.2%, en Guatemala, 29% y en México, con base en la gasolina magna, que representa el 80% del consumo, del 43%. Los altos impuestos, para cubrir los hoyos de la corrupción, el derroche y la impunidad en los últimos cuatro años, son las principales causas de los aumentos de precios de la gasolina y no una “responsable política de liberalización de precios”.

Necesitamos una responsable política de austeridad, endeudamiento, de combate a la corrupción y la impunidad a quienes han saqueado Pemex y los estados, causa primera de la necesidad de los gasolinazos.

 

Una de las razones del artículo 238 de Constitución Política de Guatemala

Es importante intentar interpretar, con la ayuda del sentido común, algunas leyes para ir formando un criterio, por supuesto siempre muy receptivos al análisis de otras personas.  Acepto que algunas leyes  son más complicadas de interpretar que otras, pero juzgue usted lo complicado o simple de interpretar esta parte de la constitución que habla del presupuesto;

Artículo 238. Ley Orgánica del Presupuesto.

b) Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada

organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma, las transferencias de

partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la

Contraloría de Cuentas.

No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de

funcionamiento o de pago de la deuda pública.

La prohibición es clara y no hay mucho que explicar, lo que trataré es comentar  por qué la importancia de la misma;

La aprobación del presupuesto surge de un proceso de negociación entre el presidente y los diputados, en el cual el presidente presenta un plan de en qué se gastará los recursos, y para ganar adeptos en el congreso ofrece que parte de ese presupuesto será destinado a los distintos intereses  de los diputados, por ejemplo: una camino vecinal en Chuarrancho, un dragado del rio en Mazagua, mejoras al aeropuerto de Petén, destinar fondos para los conflictos agrarios, etc.  Y de todo esto los diputados ganan porque  llevan obras a sus electores principales.  El juego  entre el presidente y los diputados es de ceder, te doy obras para un grupo o para una región y tú votas a favor del presupuesto.

En este proceso, típico de la democracia representativa, hay un papel muy importante del liderazgo del  Presidente, pues debe convencer a los ciudadanos que es mejor asignar recursos al plan A que al B y también a los diputados, que sus proyectos deben esperar porque el propio es más importante para la nación.

Esta prohibición es la que obliga al ejecutivo a respetar los acuerdos. Porque es muy fácil convencer a los diputados que hay que reconstruir 3 puentes después de una tormenta y que para eso necesitamos un préstamo.  Pero si el presidente puede hacer con el dinero lo que se le ocurra, probablemente aumentará el sueldo a sus empleados o aumentara la partida de publicidad, cosas que no le autorizaría fácilmente el congreso. Y el puente no se construirá en el corto plazo.

Estas prohibiciones obligan a que exista una relación de pesos y contra pesos entre el Ejecutivo y el Legislativo.  La prohibición de no pagar gastos corrientes (salarios, alquileres, comidas, viajes, publicidad etc.) con deuda es de nuevo para que el legislativo obligue al ejecutivo a actuar con prudencia en el manejo del gasto y sobre todo, para que sea el presidente el que asumo los costos de sus decisiones.  Por ejemplo, si el presidente actual ofrece un aumento a los maestros, esto aumenta la popularidad del mandatario frente a este grupo, pero si su cálculo fue malo y no logra convencer a los ciudadanos de que paguen más impuestos, debe asumir el costo político y cancelar el aumento.  Por el contrario si puede endeudarse, le pasa el problema al siguiente gobierno.

Hay muchos ejemplos que nos ayudarían a ver lo importante de cumplir este artículo, pero también quiero resaltar el sentido político (a diferencia del sentido común) que amenaza las distintas prohibiciones claramente establecidas en la constitución.

El periódico en su nota  http://www.elperiodico.com.gt/es/20110922/pais/201350/   nos presenta dos escusas que los políticos han dado para defender las transferencia y que los ingresos por préstamos se utilicen para lo que mejor les convenga.

Primera:  “antes ya lo hicieron otros”.  O sea que este grupo de diputados y burócratas nos está condenando a hacer lo bueno y malo sin el más mínimo cuestionamiento.  Alfredo del Cid Pinillos, dijo que en 2010 el Legislativo aprobó un decreto similar en donde autorizó el traslado de fondos de inversión a programas de funcionamiento.   Segundo y mas más preocupante no es la falta de reflexión, sino la creatividad de estas figuras poco reflexivas que se animan a retar la constitución como el diputado Ovidio Monzon  quien según el peridicio dice: “El pleno es soberano, el pleno toma la decisión y la convierte en ley”   Cuando constitución existe para limitar la creatividad de los políticos.

Estos ejemplos nos ayuden a visualizar la importancia de vigilar a los políticos y su creatividad, y ser guardianes de las leyes, porque si bien es cierto necesitamos una reforma a la constitución, viviremos mejor si respetamos esta constitución y nos involucramos en entender la razón de las normas para exigir su cumplimiento y correcta aplicación.

Cristian Álvarez

Director

Más deuda, ¿a cambio de…?

Ejecución de obras queda a discreción de diputados.

 El apoyo de algunas bancadas del Congreso de la República para aprobar la emisión de Q4 mil 500 millones en bonos tendrá su precio, ya que el uso Q320 millones en obras quedará a criterio de los integrantes de la Comisión de Finanzas”.

Estos son el encabezado e introducción de una noticia presentada en la edición electrónica de Prensa Libre del día 2 de mayo de 2010. (1) La nota claramente insinúa que para lograr los votos necesarios en el Congreso para aprobar dicha deuda hubo que dejar Q320 millones al manejo discrecional de los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual está integrada por diputados de distintas bancadas, de manera que los representantes de los partidos que conformaron la alianza se verán beneficiados en cuanto a poder decidir sobre el destino de dichos recursos.

Más allá de las consecuencias económicas de la deuda, me parece que lo más relevante es resaltar que realmente no hay criterios económicos o técnicos serios detrás del endeudamiento, sino más bien se observa que la decisión es el resultado de la colusión de intereses como las necesidades inmediatas de recursos que tiene el gobierno para financiarse durante este ejercicio y las ventajas que algunos partidos podrán tomar de disponer de una buena cantidad de recursos para obras programadas a su discreción.

Por ende, una conclusión lógica constituye comprender la necesidad de establecer límites constitucionales al endeudamiento público, el cual, como se ha visto, es actualmente muy propenso a ser utilizado de manera discrecional por parte de los políticos, sin tener realmente en cuenta las consecuencias para la población. 

Sin embargo, esto no sería suficiente. La Junta Monetaria, por ejemplo, autónoma solo en papel, es quien en primera instancia debe aprobar cualquier endeudamiento. Y mientras su integración siga siendo politizada, seguirá atendiendo los intereses de los políticos que la integran. Otro caso es el propio congreso, cuyos representantes realmente lo son pero de partidos políticos, no de electores. Ello particularmente por la forma en que son electos. De esa cuenta resulta muy fácil para los jefes de bancadas que suman mayoría negociar prácticamente cualquier acuerdo, pues los votos son, más que disciplinados, subordinados.

Al final se debe comprender que la solución no es más que una reforma constitucional sería, que realmente vaya a la raíz del problema. De lo contrario, seguiremos haciéndonos preguntas como ¿Más deuda, a cambio de…?

(1) http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Ejecucion-obras-queda-discrecion-diputados_0_254974549.html

Alejandro Baldizón