¿Cómo afectan los paros en la economía del país, podrían haber alternativas?

Los paros y bloqueos siempre generan gastos adicionales a empresarios y ciudadanos, unos pierden más que otros dependiendo del producto y actividad. Seguro un vendedor rutero pierde más que un doctor. Y un distribuidor de melocotones pierde más que uno de telas.

Un costo que sube de forma peligrosa, que no se ve pero existe, es el aumento de riesgo país. Los compradores de fresas de Canadá ven que es mejor negociar con otros proveedores pues en Guatemala hay muchas posibilidades de incumplimiento. Hay negocios que se van a dejar de hacer. Los importadores buscarán comprar en Chile o Colombia, aunque sea más caro, pero hay menos riesgo. Eso lo pagaremos todos los guatemaltecos pues menos actividad empresarial genera menos demanda de empleados, aumenta el desempleo y bajan los salarios.

Conociendo Guatemala y sus procesos, la prepotencia, es la peor alternativa. Hay muchos problemas, la falta de diálogo solo polariza y manda el mensaje que no podemos resolver nuestras diferencias en una mesa y tiene que ser con huelgas o con el uso de la fuerza. La huelga y la policía debe ser la última opción y no la primera.

¡No le tienes que vender al gobierno!

En Guatemala, la economía informal supera el 50 por ciento, y el gasto del gobierno no llega al 12 por ciento de PIB (Producto Interno Bruto).  Esto demuestra que si tú vendes un producto, tu mayor potencial de ventas está fuera del presupuesto del Estado; es decir, las ventas  potencial para los empresarios son 20 veces más grande fuera del gobierno.

Tomando como ejemplo el Ministerio de Salud; este tiene aproximadamente 5 mil millones de quetzales de los 70 mil millones que es el presupuesto (una catorceava parte del presupuesto). En primera instancia, debemos considerar que el presupuesto nacional es menos del 12 % de la producción nacional; por lo que, por una pastilla que compra el gobierno más de 50 se pueden vender fuera del ámbito estatal.  Claramente, tener un cliente que te compre Q 100 millones al año es más apetecible que tener 1,000 clientes que te compren Q 100,000 cada uno. Sin embargo, ver al Estado como tu cliente principal, es una de las principales causas que corrompe tanto a empresarios como a políticos y burócratas.

Las cifras anteriores nos demuestran que la oportunidad para crecer no está en el Estado, sino, en el mercado, pero para eso hay que competir.  Para competir en el mercado se requiere tener: buenos precios, buen servicio al cliente,  canales de distribución eficientes, inversión en la marca, publicidad, estar pendiente de lo que los clientes demanden, y sobre todo, saber hacerlo mejor que la competencia.  No cabe duda que la competencia les genera miedo a los empresarios, pero no olvidemos que genera buenos resultados a los consumidores.  Son los consumidores a quienes les tiene que dar miedo la falta de competencia, pues su mejor arma es irse con la competencia. Es decir, es el consumidor quien castiga al empresario al irse con otro proveedor.

A diferencia del mercado económico, la competencia en el mercado político implica una lucha por ganar un espacio en el presupuesto del Estado. Para ello, regularmente se invierte en hacer lobby con funcionarios del Estado, o a través de colaboraciones durante las campañas políticas. No se debe olvidar que en el mercado político, tu cliente principal es el político; ya sea el ministro, el diputado o el presidente; por lo que tu lealtad esta con ellos.  Además, cualquier persona que quiera ingresar en el mercado político tiene que estar consiente que todo el esfuerzo de ventas tiene que estar destinado a garantizar o aumentar las probabilidades que escojan tu producto. Y que no se olvide que son los funcionarios públicos quienes deciden qué comprar, y a quién. Por lo que las reglas del juego te obligan a quedar bien con un político, o burócrata; muy distinto  al mercado económico, en donde tu principal meta es lograr la satisfacción del cliente, y así retenerlo.

Actualmente, uno de los mecanismos de defensa de la democracia, es visibilizar las inversiones de financistas de campaña, para frenar la cooptación del Estado; con el fin de evitar que el proceso de compras del Estado sea abiertamente una competencia por quedar bien con los políticos de turno.  Por lo que es sano para el proceso político saber quién le da dinero a quien. Esto ayuda a la sociedad organizada, fiscalizar y estar pendiente de quién le debe qué favor a quien. Por supuesto, este no es un modelo perfecto, pero la evidencia señala que a mayor control sobre pago de favores, mejor funcionamiento tendrán los gobiernos.

Sobre el financiamiento electoral, el artículo 407 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, indica que los fondos deben ir al partido y no a los candidatos, y se establece que las donaciones anónimas son delitos.  Muchos de estos controles buscan evitar el pago de favores futuros, ya que no solo terminan dañando el presupuesto del Estado, sino que capturando al mismo.  Y sobre todo, está ley busca transparentar los procesos para evitar el financiamiento de estructuras criminales, encabezadas por: secuestradores, la red de trata de personas, narcotráfico, etc.   Al final, la ley nos sirve de protección de aquellos grupos criminales, quienes buscas capturar el Estado y aquellos pseudo empresarios, quienes buscan cooptar el Estado al eliminar la competencia a través de privilegios.

No cabe duda que Guatemala necesita de nuevos liderazgos políticos, y sobre todo de empresarios que se involucren en política respetando el principio de igualdad ante la ley.  Involucrarse no debe verse como algo necesariamente malo, lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Con qué fin nos involucramos en política? Al final, después de todas las capturas que ha dejado el 2016, espero que surjan nuevos liderazgos empresariales, que: estén en contra de los privilegios, que se alejen de las tentaciones de entrar en el mercado político, y sobre todo, que tengan la visión de que cuando el país crece, a todos nos va mejor, y ese crecimiento económico solo se logra en ausencia de privilegios, y bajo un sistema de justicia independiente que garantice la vida y la propiedad.

También, espero ver una nueva generación de políticos, más profesionales y probos, guiados por una ciudadanía que comprende cada vez mejor la importancia que el Estado no es un negocio, y que su función principal es velar por el cumplimiento de la ley.

Cristian Álvarez
Director
Centro Para el Análisis de las Decisiones Públicas – CADEP