Sobre la CICIG

El lunes 7 de junio del 2010, renunció el Dr. Carlos Castresana a su cargo de Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 15 meses antes del previsto cierre de esta entidad temporal.  Entre más aplausos que abucheos, el Dr. Castresana se despide de Guatemala.  ¿Cómo evaluar su gestión?  Hace falta recordar el origen de la CICIG y los motivos por los que fue creada.

2002:  Diversas ONGs de derechos humanos piden establecer un órgano internacional para frenar las amenazas y los ataques de “grupos paralelos y poderes ocultos” en su contra.

2003:  A principios del año, el Gobierno pide ayuda al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas para investigar y enjuiciar a dichos grupos y poderes.

7 de enero, 2004:  La ONU y el Gobierno firman acuerdo para crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACs), pero posteriormente la Corte de Constitucionalidad (CC) dictamina que este entendimiento contiene múltiples inconstitucionalidades.

31 de mayo, 2006:  El Secretario General de la ONU recibe nueva solicitud para crear un organismo, con textos editados para solventar las inconstitucionalidades.

12 de diciembre, 2006:  Las partes firman acuerdo para establecer la CICIG.

1 de agosto, 2007:  El Congreso de Guatemala ratifica el acuerdo.

4 de septiembre, 2007:  En esta fecha entró vigor el acuerdo.   El Comisionado Carlos Castresana es nombrado 10 días más tarde por el Secretario General de la ONU.

2009:  La ONU resuelve a favor de la petición de prórroga de la CICIG, con lo cual su mandato se extendió hasta el 11 de septiembre del 2011.

 Según el sitio oficial de la CICIG www.cicig.org son tres sus cometidos:

1)    investigar e identificar las estructuras de “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos” en Guatemala;

2)    Apoyar al Ministerio Público y otras instituciones guatemaltecas en la investigación y procesamiento de personas implicadas en los grupos ilegales.    Buscar el fortalecimiento de instituciones guatemaltecas recomendando mecanismos, procedimientos y políticas públicas.

3)    Dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en “mejores condiciones” para combatir el crimen, proporcionando asistencia técnica a las instituciones de justicia.

La ONU nunca había montado una oficina que usara el sistema nacional de justicia para investigar casos y promover la acción penal.  No es un tribunal especial independiente.   Así, la CICIG comparte responsabilidad del proceso con el Estado de Guatemala, como querellante adhesivo, pero el proceso penal y la resolución del caso es responsabilidad del Estado.  Dados los antecedentes y las metas trazadas por los artífices de la CICIG, saltan a la vista algunos elementos de análisis importantes.

La premisa fundante se transparenta:  existen en Guatemala grupos criminales, oscuros y ocultos, infiltrados hasta las altas esferas, tan poderosos que los guatemaltecos mismos no pueden hacerles frente.  Operan impunemente.  Para enfrentarlos, se buscó un rival de peso y tamaño proporcionado, con el respaldo nada más y nada menos que de la ONU.  No se esperaba sólo que un competente y experimentado profesional de la justicia trasladara su “know-how” y conocimiento a sus contrapartes guatemaltecas.  Más aún, se buscó una figura que fuera como una página en blanco:  sin vínculos previos con un sector guatemalteco, sin lealtades ni compromisos adquiridos, sin colas machucables.

¿Habremos confundido la expectativa de independencia relativa con la expectativa de neutralidad absoluta?  Ningún profesional vivido es, realmente, una hoja en blanco.  Trae consigo prejuicios, ideologías, valores y expectativas.  Tiene intereses personales, que no son necesariamente dañinos:  promover su propia carrera profesional, salvar su reputación, ganar un buen sueldo, avanzar causas en las que cree, etc.  Además, es influenciable.  ¿Quién lo recibe, describiéndole nuestra realidad? ¿Quién lo asesora? ¿De quién se fía?  Y si los costos personales se apilan y llegan a pesar más que los beneficios, ¿qué más comprensible que decidir largarse?

Otra cuestión es cuánto poder debe de tener el Comisionado de la CICIG.  Pareciera que quisimos montar la batalla a la altura de los Power Rangers.  Imaginamos que los “poderes ocultos” eran como el auto-proclamado Emperador del Mal, Lord Zedd, quien no sólo tiene el don del convencimiento, sino que con mágicas granadas hace aparecer destructivos monstruos.   Sólo el Megazord, el gigante robot que resulta de juntar a los robots personales de los Power Rangers, podía hacerle frente al mal.  Con el Comisionado a la cabeza, el Megazord estaría compuesto del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, las cortes, el sistema penitencial, y todos los demás actores dedicados a combatir el crimen.  El Megazord es un robot humanoide cuya efectividad depende de que las partes hagan lo suyo, y que depongan sus intereses personales cuando están “morfeados” como Power Rangers.  Si una pata o un brazo no responde, o responde en forma descoordinada, la ofensiva fallará. 

Idealmente, la cabeza del Megazord vendría a sacudir el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y más.  Vendría a instruir, remozar y profesionalizar a tal grado que los funcionarios públicos enfrentarían un conjunto de incentivos que los llevarían a tomar decisiones “correctas”, alineadas con la justicia y el beneficio de la sociedad.   Esto ocurriría con cambios legales, cuya aprobación no depende tanto de la CICIG como del Congreso, pero también con cambios administrativos.  No obstante, vimos que la políticamente dolorosa reforma estructural se pospone, sobre todo porque podíamos descansar en la CICIG e ilusionarnos con que “algo se está haciendo”.

Al Megazord se dieron dos escudos adicionales que, en el mejor de los casos, tendrían que haber fortificado su independencia.  Por una parte, una tajada de su presupuesto anual, que los medios de comunicación anuncian es de U.S. $14 millones anuales, la ponen los gobiernos de otros países.  Organizaciones internacionales como FOSI y Soros apoyaron el arranque.  Si es cierto el dicho que “el que paga manda”, ¿qué ocurre en este sentido con la CICIG?  ¿Debería pagar el supuesto beneficiario de su gestión—el pueblo guatemalteco—o no?   Por otra parte, Carlos Castresana es un diplomático y como tal goza de inmunidad.   Está por encima de nuestra ley.    Algunos observadores sugieren que Castresana pudo llegar a verse, y ser visto, como un monarca con el poder arbitrario suficiente para “mandar” el destino del país.  ¿Independencia o impunidad?

¿Era imprescindible la figura del superhéroe frente a la real y temible amenaza que representan los “poderes ocultos”, que son además en algunos casos estructuras internacionales?  ¿O pusimos a Castresana en un anunciado callejón sin salida, esperando que vistiera Lycra y esgrimiera una espada luminosa?  ¿Qué resultados hubiera cosechado cualquier otro extranjero en su lugar?  ¿Qué podemos esperar de su sucesor, sino una gestión truncada de “lame duck”? ¿Qué resultados hubiera cosechado la CICIG cambiando tan sólo una regla del juego:  longevidad, dependencia financiera, redefinición de sus fines o nivel de responsabilidad?  ¿Qué nos puede decir la teoría de captura, la teoría de la búsqueda de rentas, la teoría de las burocracias de William Niskanen, que arroje luz sobre los sucesos recientes?

Escribe José Rubén Zamora (elPeriodico, 9-VI-10), y lo piensan otros, que existen dos críticos de la CICIG:  los mafiosos y los insensatos.  Los segundos, dice, “repudian toda asistencia extranjera por el solo hecho de venir de fuera”, no ofrecen “alternativa real para atajar al crimen sin castigo”, y permanecen silenciosos frente a la invasión de los capos de la droga a Guatemala.   Creo que es sobre-simplificar las cosas, pues la fórmula extranjera-nacional de la CICIG y su montaje concreto sí influyó en la calidad de su desempeño.  Ignorar el cruce de intereses dentro de la CICIG, y desde la CICIG hacia los distintos entes con los que necesariamente se relaciona, implica un análisis de miope visión.  Las personas que siguieron de cerca el proceso deberían ser las primeras en explorar estas preguntas.

Carroll Ríos de Rodríguez