Jurisdicción indígena: ¿una oportunidad o una amenaza?

Más de diez años discutiendo sobre si se debe reformar o no la Constitución y en esa discusión han existido propuestas como ProReforma, Usac, Asies, Url, entre otras. La propuesta más reciente que está en el Congreso toca un tema bastante confuso, el pluralismo jurídico. Con respecto a este tema se pretende incluir el derecho indígena como método alterno legítimo para implementar la justicia en algunos lugares del país. Dicha reforma puede ser vista y analizada desde varios ángulos; puede pensarse que el Estado no está siendo eficiente en impartir justicia en zonas del interior del país, por lo que las comunidades que allí residen se han visto en la necesidad de implementar sus propias reglas basadas en sus costumbre. Estas reglas, por lo tanto, se pueden considerar legítimas y utilizarse en casos de ausencia del Estado con previa elección de las distintas comunidades. Pero incluir el pluralismo jurídico en la Constitución también se puede ver como un intento de algunos grupos de ver sus intereses representados en el Estado. Independientemente de las razones por las cuales se crea que esta reforma debe de realizarse o no, hay que analizar bien las intenciones de los grupos que están pujando en el Congreso por ella y entender si esto es en realidad lo que el país necesita en el ámbito jurídico.

Es verdad que muchas veces el Estado no tiene los recursos o la capacidad para lograr que la ley impere en todo el territorio. Según Hans Hermann-Hoppe esto es consecuencia de que el Estado tenga el monopolio para la implementación de la ley y el orden, y en su opinión esto puede solucionarse creando leyes privadas. Lo anterior se logra quitándole el monopolio al Estado y permitiendo que distintas entidades privadas provean el servicio de la implementación de la ley y el orden. Por supuesto, estas entidades siempre tienen que cumplir con ciertas reglas generales para la convivencia pacífica en todo el territorio. Puede verse el derecho indígena como un intento para crear este tipo de entidades y así regular nuestra conducta en la sociedad; sin embargo, esto implicaría cambios no sólo con respecto al pluralismo jurídico sino también a cómo está conformado nuestro Estado.

Creo que esto no es la solución a la falta de justicia. Es responsabilidad del Estado velar porque se cumpla la ley y el Estado guatemalteco es claramente ineficiente para ello. El pluralismo jurídico complicaría más aún un sistema que, de por sí, ya es difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos. Al entrar otro tipo de derecho en juego ¿cómo se va a decidir bajo qué derecho va a ser juzgada una persona? ¿cómo saber si un asunto le compete al derecho indígena o no? y ¿cómo equiparar los castigos y las sentencias de ambos derechos para que, sin importar en qué derecho sea juzgada una persona, ésta sea castigada de una manera justa?

El objetivo de la reforma debe ser otro; tratar de fortalecer el sistema jurídico y el Estado haciéndolos a ambos más incluyente en este sentido es clave. Es necesario lograr que impere la ley en todo el territorio y que las leyes sean más sencillas, para que nadie se sienta en la necesidad de crear leyes para defenderse solo.

Colaboración

Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

La Captura del Estado

En Public Choice, el término “teoría de la captura” o “captura del ente regulador”, se refiere a la situación que ocurre cuando los grupos de interés, o rent seekers, que se ven directa o indirectamente afectados por las políticas públicas, emplean sus estrategias y recursos para obtener regulaciones que los benefician; logran “capturar” o acceder a las decisiones del ente regulador para su beneficio propio. El resto de participantes de la colectividad, en igualdad de condiciones, se ve imposibilitado de competir y acceder a un mercado libre de oportunidades; obtener concesiones, prestar servicios públicos, o realizar cualquier otra actividad en que dicho ente capturado tenga discreción, y deba conocer y tomar decisiones. El ente regulador capturado se vuelve protector de los intereses de sus captores, y pierde su naturaleza de regular conforme a los principios del Estado (bien colectivo), que a la larga se traducen en resultados económicamente más eficientes.

El Nobel de Economía George Stigler, llamaba “Economía de la Regulación” al estudio de estos temas, y explicaba entre otras cosas que, los entes reguladores benefician únicamente a los grupos de presión, porque aunque fuera costoso el cabildeo para asegurarse privilegios, ellos los pagaban, ya que el resultado era muy beneficioso y pues el resto de la colectividad no los apercibía, o era muy alto el costo de organizarse y oponerse.

En Estados Unidos, el tema es de intenso debate, y hay muchos tratadistas que lo discuten diariamente, ejemplo de ello es lo que algunos consideran captura del ejecutivo estadounidense, que devino después de la llamada “Abdicación Legislativa”. El Congreso de Estados Unidos de América, relegó gran poder al Presidente de Estados Unidos después de la aprobación de la Ley Patriota, a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001.  Después de esta “abdicación”, el Presidente obtuvo amplios poderes, y habría “sido capturado” por grupos de presión. Así pues,  la crisis económica y presupuestaria actual, fue causada en gran medida a los efectos posteriores de la “democratización” de las inmensas deudas de grandes empresas, y banqueros de Wall Street en el 2008. Estos rescates financieros, o “bailouts” (tema preferido de los candidatos a la presidencia actual de dicho país) fueron otorgados por el capturado ejecutivo estadounidense de forma muy generosa, y ha sido punto de gran discusión. ¿Por qué el Presidente hizo esto?, La respuesta inmediata fue “para rescatar la economía mundial de un colapso”, pero no sabemos a ciencia cierta si el remedio fue peor que la enfermedad, debido a que actualmente los Estados Unidos maneja una inverosímil deuda de catorce dígitos. ¿Son estos bailouts beneficiosos? ¿Se justifican estos rescates? Es discutible la respuesta, pero a Public Choice le interesa más la pregunta: ¿Por qué se dieron? Y es aquí que hablan de la captura del ente regulador, en este caso del ejecutivo estadounidense por estas enormes entidades, empresas que frecuentemente financian campañas políticas, y que obtienen grandes contratos de parte del Estado.

En Guatemala, el Ministerio Público acaba de destapar un verdadero tsunami que ha denominado “Cooptación del Estado”, en el que diversos sectores se ven involucrados en escándalos de corrupción por presunto financiamiento ilícito de partidos políticos. De ser ciertas las afirmaciones del Ministerio Público, nos encontramos ante un típico caso de captura; el Estado guatemalteco no se organiza para “proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo en la realización del bien común” ni que es deber del Estado “garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona” como reza nuestra Constitución, sino más bien para proteger los intereses económicos de estos grupos de presión, o rentistas. Los grupos empresariales, sindicatos, banqueros y otros grupos de presión habrían capturado exitosamente mediante sobornos y otras dádivas la influencia de los administradores públicos, obteniendo así jugosos contratos y otros beneficios. El resultado es, según explican los economistas, negativo para el país, pues se traduce en falta de libre competencia, falta de certeza legal y todas sus consecuencias ya conocidas. El Estado guatemalteco estaría al servicio de sus captores, dejando de realizar los objetivos para los cuales fue creado.

Algunos acusan a Public Choice de únicamente explicar los fenómenos y no dar soluciones a los mismos; pienso que esa es el área actual de interés de esta interesantísima disciplina. Con respecto a la teoría de la captura, hay varias posturas: hay quienes piensan que el riesgo que un ente sea capturado es tan grande que lo mejor es clausurar el ente; entre menos entes reguladores haya, mejor. Dejar que las fuerzas del libre mercado actúen solas y que con un buen marco legal que proteja los derechos individuales, las fallas propias del mercado como las externalidades negativas pueden ser resueltas.  Otros dicen que los entes reguladores siempre deben existir, pero que deben ser permanente auditados o vigilados externamente, es decir por entes no públicos.

La captura de los entes reguladores es un fenómeno que existe es todo el mundo en diversas medidas. El poder coercitivo del Estado, es un activo que debe ser utilizado de conformidad con las leyes; de conformidad con el beneficio colectivo como reza la Constitución. Las leyes establecen que los entes reguladores deben otorgar concesiones, permisos, licencias, a los actores que ofrezcan la opción más eficiente económicamente hablando en un ambiente de libre competencia. No hacerlo así, conlleva resultados adversos a la economía que, aunque no los sintamos tan presentes, están ahí, son devastadores y nos afectan a la mayoría. Todos los ciudadanos deberíamos dejar de ser apáticos e involucrarnos más activamente en evitar la captura de los entes públicos reguladores. Es  una obligación de todos.

Héctor López Saldoval

Corrupción Tipo I y Tipo II

La corrupción golpea día a día a Guatemala, y la semana pasada con el caso denominado “Cooptación del Estado” ha quedado claro el tamaño y la forma de operar de políticos, medios de comunicación y empresarios.

No podemos dejar de pensar que cada  tragedia es, en parte culpa de los burócratas, políticos y empresarios que se roban el dinero, con el cual se pueden mejorar los drenajes, carreteras, educación y salud. Gracias a las redes sociales cada día es más fácil saber quiénes son los ladrones, y cuáles son los montos.

Una transacción de corrupción siempre tiene tres partes; el que pide la mordida, el que da la mordida, y un tercero que esconde la información. No pienso defender a ninguno de los tres, pero si hay males mayores.  Por ejemplo; no hace el mismo daño quien sabe de la existencia de plazas fantasmas y esconde la información, que cuando la prensa conoce de esos excesos y decide no publicarlo, es decir, cuando la prensa vende su silencio.

Pero también hay que diferenciar tanto a los que piden, como a quienes dan mordida; en ambos casos hay una falta de ética, que muchas veces puede ser incluso inmoral, pero no toda la corrupción es igual de dañina o de inmoral.  Es muy importante hacer ver las diferencias entre; quien da mordida y es víctima, y quien organiza la mordida y es igual o peor que quien la recibe.

Veamos esta diferencia con un sencillo ejemplo, (que posiblemente nos ha pasado o hemos oído que le ha pasado a alguien cercano).  Corrupción Tipo I: si usted olvida la tarjeta de circulación en casa y lo detiene la policía; quienes le salen con “nos tenemos que llevar su carro consignado”; usted se pone nervioso, llama a su casa, pide que le envíen la tarjeta, su hijo pagaría taxi, en fin, un desastre y debe invertir dinero para salir del problema. Y de repente el policía le dice; ¡ayudémonos!, usted siente un alivio, le da doscientos quetzales, se ahorra el taxi, no pierde más tiempo. Usted fue víctima de extorción. Aunque haya actuado “mal” al aceptar dar mordida, usted siente que ganó o que se ahorró algo.  Fue extorsionado a causa de leyes, absurdas algunas y complejas, casi todas.   Esa combinación de leyes malas y muchas, es el terreno propicio para que los empleados públicos puedan pedir mordidas y extorsionar a los ciudadanos y empresarios.   Este tipo de corrupción, es el resultado de la vida en una sociedad que vive por permiso y no por derecho, la tramitología se esquiva dando mordidas, y los burócratas encuentra un complemento para su trabajo, pues sube su sueldo, y se ganan amistades “ayudando”, pues muchas veces representan ahorros importantes a los usuarios de los trámites estatales, creados por el mismo sistema. La mordida nos salva de ellos mismos.

Corrupción tipo II: distinto es planear proyectos espurios en conjunto (empresarios – diputados – ministros – jueces), para lograr saquear al Estado,  extorsionar empresarios o sacar mordidas de los trámites. Inventarse un proyecto de dragado de ríos para robarse varios millones, negociar la construcción de una carretera sin supervisión o interferir en contratos de medicina haciéndolos a la medida. Contratar especialistas para que armen procesos de contrataciones  que pocas empresas pueden cumplir, y pasado el evento es muy complicado seguir la pista a quienes participan en los ilícitos. Esa corrupción es un crimen mucho más deleznable y punible que dar o pedir mordida por no llevar tarjeta de circulación.

No debemos olvidar que la corrupción Tipo I surge muchas veces para sobrevivir a tantas leyes que nos ahogan. Sigue siendo un acto que se debe abolir y combatir, pero muchas veces es resultado de un mal diseño institucional.

Y la corrupción Tipo II, es porque hay políticos, burócratas y empresarios sin moral, que solo ven como llenar sus bolcillos de dinero.  No hay duda que es un acto cargado de ilegalidades y que hace daño presente y futuro a la sociedad.   Es un acto que se asemeja a un secuestro, es decir, el acto que en derecho penal, a mi gusto, merece la pena más severa, pues implica hacer daño con alevosía y ventaja, observar a la víctima y escoger la más débil, hacerla sufrir para aumentar el rescate, extorsionando a los padres. Saben el daño que hacen, y tienen mucho tiempo para arrepentirse y no lo hacen. Es planeado.

La corrupción Tipo II es equivalente a un secuestro.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas | CADEP
Universidad Francisco Marroquín

La pena de muerte y la pena de los guatemaltecos

Se avivó el debate sobre la pena de muerte, se discute si es un disuasivo para los delincuentes; si algunos crímenes como secuestros o tipos de asesinatos merecen ser castigados con la muerte. Si el Estado puede tomar la potestad de quitar vidas, y si el sistema de justicia esta en la capacidad de juzgar correctamente para evitar injusticias.  Hay quienes abordan sus comentarios desde las relaciones internacionales, y los efectos que ejecutar la pena de muerte nos puede traer.   No falta quienes hacen uso de la comparación, aduciendo que en otros lugares ha funcionado, o que no ha funcionado.

Sigue leyendo

Ideas que hay que revisar.

Si en tu casa para imponer orden y respeto, debes golpear a tus hijos o esposa, algo está mal.

Si en tu gobierno debes emplear la fuerza para hacer valer tus ideas, debes revisar las ideas. Para hacer valer la vida y la propiedad por ejemplo, no necesitas de un uso excesivo de la fuerza, y muy pocas veces necesitas armas. Regularmente los problemas se arreglan entre las partes.

Para hacer valer la patria potestad no necesitas de un ejército armado para ir detrás de los malos padres o madres. Son pocos los casos que requieren el uso de la fuerza, Los narcotraficantes, para vender cocaína no necesitan ponerles una pistola a sus clientes. Pero para hacer valer la prohibición de consumir cocaína, el gobierno si necesita un ejército súper armado para que busque a los productores y a los consumidores.

El uso de las armas debe ser una excepción en la vida de la sociedad, y si se vuelve constante algo malo está pasando.

Reflexiones sobre los “listones rosados” del Caso Siekavizza

Muchas veces la vida en sociedad logra cambios importantes a partir de situaciones específicas, las cuales a veces son dolorosas para una familia o un grupo específico de ciudadanos.  El encarcelamiento de Nelson Mandela para la democracia de Sudáfrica,  el sufrimiento de la familia Rossember por la muerte de Rodrigo, que desencadenó un movimiento que logro pequeños cambios en los procesos de nombrar autoridades del sistema judicial en Guatemala. Logrando unir a la demanda política, los ciudadanos, para exigir algo específico a los políticos.

No quiero dejar por un lado lo difícil que es vivir una perdida para la familia y amigos cercanos, pero la sociedad comúnmente necesita detonantes para corregir el rumbo, y espero que para suerte todos los guatemaltecos este caso de Cristina Siekavizza y la fuerza de los “listones rosados por Cristina” empujen no solo a resolver esta enigmática tragedia, sino también a generar cambios de fondo en la forma como se está enfocando la seguridad.

Dado que la violencia ha tocado a muchas familias de Guatemala y claro ha costado mucho dinero  y ha privado de muchas oportunidades, tanto económicas como de mejoras sociales, la oportunidad de exigir cambios cada vez está más cerca.  Hoy ya no es solo de exigir justicia en el caso de Cristina, es exigir cambios para que situaciones como estas sucedan muy poco.  Pero ¿están listos los políticos y la sociedad para saber que pedir?

Al vivir en sociedad no podemos evitar que antisociales causen daños a personas buenas, sobre todo cuando estos daños son, digamos espontáneos, por ejemplo: un pleito de cantina, un ataque de celos, una persona que no está en sus cabales, o un accidente de carro.   Por supuesto que mucho se puede prevenir pero no un 100%.

Y es a partir de ahí donde el gobierno es importante para la sociedad, pues debe poner a disposición de la población un sistema integrado por una policía capacitada, un Ministerio Publico con suficientes investigadores profesionales y Jueces inamovibles (si cumplen su función con decoro), entonces, los malos estarán pronto en la cárcel, y no tendremos que llorar más tragedias causadas por los mismos.  Recordemos que el delito se combate con;  prevención, captura y condena. Es necesario y urgente por ejemplo tener una línea telefónica como el 911, tecnifica, tener policías equipados que puedan llegar a los puntos en cuestión de minutos, y fiscales y jueces que den a los antisociales el sentimiento de certeza del castigo.

Cuando un ciudadano daño la integridad o la propiedad de un tercero, se debe apartar tan pronto como sea posible de la sociedad, porque de lo contrario habrán mas tragedias que las necesarias, justo como pasa a diario en Guatemala, incluso desde la cárcel.  Un sistema eficiente no hubiese permitido que los hijos de CS desapareciesen.

Cuando permitimos que los políticos gasten en Publicidad, bolsas solidarias, viajes, y tantas otras cosas, estamos permitiendo que en Guatemala más personas salgan dañadas por los mismos.  Es importante exigir al congreso que el presupuesto del 2012 refleje que la prioridad es reducir el daño a la vida y la propiedad de los guatemaltecos. Y como sociedad estemos preparados para saber qué hacer con ese mayor presupuesto.

Una de las razones del artículo 238 de Constitución Política de Guatemala

Es importante intentar interpretar, con la ayuda del sentido común, algunas leyes para ir formando un criterio, por supuesto siempre muy receptivos al análisis de otras personas.  Acepto que algunas leyes  son más complicadas de interpretar que otras, pero juzgue usted lo complicado o simple de interpretar esta parte de la constitución que habla del presupuesto;

Artículo 238. Ley Orgánica del Presupuesto.

b) Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada

organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma, las transferencias de

partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la

Contraloría de Cuentas.

No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de

funcionamiento o de pago de la deuda pública.

La prohibición es clara y no hay mucho que explicar, lo que trataré es comentar  por qué la importancia de la misma;

La aprobación del presupuesto surge de un proceso de negociación entre el presidente y los diputados, en el cual el presidente presenta un plan de en qué se gastará los recursos, y para ganar adeptos en el congreso ofrece que parte de ese presupuesto será destinado a los distintos intereses  de los diputados, por ejemplo: una camino vecinal en Chuarrancho, un dragado del rio en Mazagua, mejoras al aeropuerto de Petén, destinar fondos para los conflictos agrarios, etc.  Y de todo esto los diputados ganan porque  llevan obras a sus electores principales.  El juego  entre el presidente y los diputados es de ceder, te doy obras para un grupo o para una región y tú votas a favor del presupuesto.

En este proceso, típico de la democracia representativa, hay un papel muy importante del liderazgo del  Presidente, pues debe convencer a los ciudadanos que es mejor asignar recursos al plan A que al B y también a los diputados, que sus proyectos deben esperar porque el propio es más importante para la nación.

Esta prohibición es la que obliga al ejecutivo a respetar los acuerdos. Porque es muy fácil convencer a los diputados que hay que reconstruir 3 puentes después de una tormenta y que para eso necesitamos un préstamo.  Pero si el presidente puede hacer con el dinero lo que se le ocurra, probablemente aumentará el sueldo a sus empleados o aumentara la partida de publicidad, cosas que no le autorizaría fácilmente el congreso. Y el puente no se construirá en el corto plazo.

Estas prohibiciones obligan a que exista una relación de pesos y contra pesos entre el Ejecutivo y el Legislativo.  La prohibición de no pagar gastos corrientes (salarios, alquileres, comidas, viajes, publicidad etc.) con deuda es de nuevo para que el legislativo obligue al ejecutivo a actuar con prudencia en el manejo del gasto y sobre todo, para que sea el presidente el que asumo los costos de sus decisiones.  Por ejemplo, si el presidente actual ofrece un aumento a los maestros, esto aumenta la popularidad del mandatario frente a este grupo, pero si su cálculo fue malo y no logra convencer a los ciudadanos de que paguen más impuestos, debe asumir el costo político y cancelar el aumento.  Por el contrario si puede endeudarse, le pasa el problema al siguiente gobierno.

Hay muchos ejemplos que nos ayudarían a ver lo importante de cumplir este artículo, pero también quiero resaltar el sentido político (a diferencia del sentido común) que amenaza las distintas prohibiciones claramente establecidas en la constitución.

El periódico en su nota  http://www.elperiodico.com.gt/es/20110922/pais/201350/   nos presenta dos escusas que los políticos han dado para defender las transferencia y que los ingresos por préstamos se utilicen para lo que mejor les convenga.

Primera:  “antes ya lo hicieron otros”.  O sea que este grupo de diputados y burócratas nos está condenando a hacer lo bueno y malo sin el más mínimo cuestionamiento.  Alfredo del Cid Pinillos, dijo que en 2010 el Legislativo aprobó un decreto similar en donde autorizó el traslado de fondos de inversión a programas de funcionamiento.   Segundo y mas más preocupante no es la falta de reflexión, sino la creatividad de estas figuras poco reflexivas que se animan a retar la constitución como el diputado Ovidio Monzon  quien según el peridicio dice: “El pleno es soberano, el pleno toma la decisión y la convierte en ley”   Cuando constitución existe para limitar la creatividad de los políticos.

Estos ejemplos nos ayuden a visualizar la importancia de vigilar a los políticos y su creatividad, y ser guardianes de las leyes, porque si bien es cierto necesitamos una reforma a la constitución, viviremos mejor si respetamos esta constitución y nos involucramos en entender la razón de las normas para exigir su cumplimiento y correcta aplicación.

Cristian Álvarez

Director

Filosofía enlatada con 120 personas…

Es curioso que desde que utilizo más frecuentemente el transporte urbano de la ciudad o como comúnmente le llamamos  “Las camionetas”,  logro observar las caras de ciudadanos de a pie, -como yo-, sin privilegios, sin grupos de presión, sin lobbies, sin banderas políticas, ni siquiera pertenencia a un gremio influyente de esta mal llamada Nación; En si, el grupo de ciudadanos que los enfermizos llaman la clase baja o el Pueblo.

Durante el transcurso de cada viaje en el que voy enlatado con otras 120 personas dentro de esos botes de basura públicos con ruedas, trato de leer y escudriñar en los rostros, en las conversaciones, en las miradas perdidas, inclusive, hasta en la “moda” urbana el verdadero sentir de esas personas.  Es increíble ver que la gente no le interesa el tema de “Nación”, “Soberanía”, “Sociedad”, “Ecología”, “Recursos Naturales”, etc.  Le interesan los precios de la canasta básica, de cuanto suben (o bajan) los precios de los servicios como “La luz” y “el agua”, de donde se compran cosas más baratas; En si: Su propia sobrevivencia.  Se interesan muchísimo por la violencia que es muy democrática en su ira que se ve reflejada en las miradas cristalinas de estos usuarios en esa ruleta rusa que es viajar en camioneta de A a B.

Sigue leyendo

Sobre la CICIG

El lunes 7 de junio del 2010, renunció el Dr. Carlos Castresana a su cargo de Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 15 meses antes del previsto cierre de esta entidad temporal.  Entre más aplausos que abucheos, el Dr. Castresana se despide de Guatemala.  ¿Cómo evaluar su gestión?  Hace falta recordar el origen de la CICIG y los motivos por los que fue creada.

2002:  Diversas ONGs de derechos humanos piden establecer un órgano internacional para frenar las amenazas y los ataques de “grupos paralelos y poderes ocultos” en su contra.

2003:  A principios del año, el Gobierno pide ayuda al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas para investigar y enjuiciar a dichos grupos y poderes.

7 de enero, 2004:  La ONU y el Gobierno firman acuerdo para crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACs), pero posteriormente la Corte de Constitucionalidad (CC) dictamina que este entendimiento contiene múltiples inconstitucionalidades.

31 de mayo, 2006:  El Secretario General de la ONU recibe nueva solicitud para crear un organismo, con textos editados para solventar las inconstitucionalidades.

12 de diciembre, 2006:  Las partes firman acuerdo para establecer la CICIG.

1 de agosto, 2007:  El Congreso de Guatemala ratifica el acuerdo.

4 de septiembre, 2007:  En esta fecha entró vigor el acuerdo.   El Comisionado Carlos Castresana es nombrado 10 días más tarde por el Secretario General de la ONU.

2009:  La ONU resuelve a favor de la petición de prórroga de la CICIG, con lo cual su mandato se extendió hasta el 11 de septiembre del 2011.

 Según el sitio oficial de la CICIG www.cicig.org son tres sus cometidos:

1)    investigar e identificar las estructuras de “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos” en Guatemala;

2)    Apoyar al Ministerio Público y otras instituciones guatemaltecas en la investigación y procesamiento de personas implicadas en los grupos ilegales.    Buscar el fortalecimiento de instituciones guatemaltecas recomendando mecanismos, procedimientos y políticas públicas.

3)    Dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en “mejores condiciones” para combatir el crimen, proporcionando asistencia técnica a las instituciones de justicia.

La ONU nunca había montado una oficina que usara el sistema nacional de justicia para investigar casos y promover la acción penal.  No es un tribunal especial independiente.   Así, la CICIG comparte responsabilidad del proceso con el Estado de Guatemala, como querellante adhesivo, pero el proceso penal y la resolución del caso es responsabilidad del Estado.  Dados los antecedentes y las metas trazadas por los artífices de la CICIG, saltan a la vista algunos elementos de análisis importantes.

La premisa fundante se transparenta:  existen en Guatemala grupos criminales, oscuros y ocultos, infiltrados hasta las altas esferas, tan poderosos que los guatemaltecos mismos no pueden hacerles frente.  Operan impunemente.  Para enfrentarlos, se buscó un rival de peso y tamaño proporcionado, con el respaldo nada más y nada menos que de la ONU.  No se esperaba sólo que un competente y experimentado profesional de la justicia trasladara su “know-how” y conocimiento a sus contrapartes guatemaltecas.  Más aún, se buscó una figura que fuera como una página en blanco:  sin vínculos previos con un sector guatemalteco, sin lealtades ni compromisos adquiridos, sin colas machucables.

¿Habremos confundido la expectativa de independencia relativa con la expectativa de neutralidad absoluta?  Ningún profesional vivido es, realmente, una hoja en blanco.  Trae consigo prejuicios, ideologías, valores y expectativas.  Tiene intereses personales, que no son necesariamente dañinos:  promover su propia carrera profesional, salvar su reputación, ganar un buen sueldo, avanzar causas en las que cree, etc.  Además, es influenciable.  ¿Quién lo recibe, describiéndole nuestra realidad? ¿Quién lo asesora? ¿De quién se fía?  Y si los costos personales se apilan y llegan a pesar más que los beneficios, ¿qué más comprensible que decidir largarse?

Otra cuestión es cuánto poder debe de tener el Comisionado de la CICIG.  Pareciera que quisimos montar la batalla a la altura de los Power Rangers.  Imaginamos que los “poderes ocultos” eran como el auto-proclamado Emperador del Mal, Lord Zedd, quien no sólo tiene el don del convencimiento, sino que con mágicas granadas hace aparecer destructivos monstruos.   Sólo el Megazord, el gigante robot que resulta de juntar a los robots personales de los Power Rangers, podía hacerle frente al mal.  Con el Comisionado a la cabeza, el Megazord estaría compuesto del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, las cortes, el sistema penitencial, y todos los demás actores dedicados a combatir el crimen.  El Megazord es un robot humanoide cuya efectividad depende de que las partes hagan lo suyo, y que depongan sus intereses personales cuando están “morfeados” como Power Rangers.  Si una pata o un brazo no responde, o responde en forma descoordinada, la ofensiva fallará. 

Idealmente, la cabeza del Megazord vendría a sacudir el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y más.  Vendría a instruir, remozar y profesionalizar a tal grado que los funcionarios públicos enfrentarían un conjunto de incentivos que los llevarían a tomar decisiones “correctas”, alineadas con la justicia y el beneficio de la sociedad.   Esto ocurriría con cambios legales, cuya aprobación no depende tanto de la CICIG como del Congreso, pero también con cambios administrativos.  No obstante, vimos que la políticamente dolorosa reforma estructural se pospone, sobre todo porque podíamos descansar en la CICIG e ilusionarnos con que “algo se está haciendo”.

Al Megazord se dieron dos escudos adicionales que, en el mejor de los casos, tendrían que haber fortificado su independencia.  Por una parte, una tajada de su presupuesto anual, que los medios de comunicación anuncian es de U.S. $14 millones anuales, la ponen los gobiernos de otros países.  Organizaciones internacionales como FOSI y Soros apoyaron el arranque.  Si es cierto el dicho que “el que paga manda”, ¿qué ocurre en este sentido con la CICIG?  ¿Debería pagar el supuesto beneficiario de su gestión—el pueblo guatemalteco—o no?   Por otra parte, Carlos Castresana es un diplomático y como tal goza de inmunidad.   Está por encima de nuestra ley.    Algunos observadores sugieren que Castresana pudo llegar a verse, y ser visto, como un monarca con el poder arbitrario suficiente para “mandar” el destino del país.  ¿Independencia o impunidad?

¿Era imprescindible la figura del superhéroe frente a la real y temible amenaza que representan los “poderes ocultos”, que son además en algunos casos estructuras internacionales?  ¿O pusimos a Castresana en un anunciado callejón sin salida, esperando que vistiera Lycra y esgrimiera una espada luminosa?  ¿Qué resultados hubiera cosechado cualquier otro extranjero en su lugar?  ¿Qué podemos esperar de su sucesor, sino una gestión truncada de “lame duck”? ¿Qué resultados hubiera cosechado la CICIG cambiando tan sólo una regla del juego:  longevidad, dependencia financiera, redefinición de sus fines o nivel de responsabilidad?  ¿Qué nos puede decir la teoría de captura, la teoría de la búsqueda de rentas, la teoría de las burocracias de William Niskanen, que arroje luz sobre los sucesos recientes?

Escribe José Rubén Zamora (elPeriodico, 9-VI-10), y lo piensan otros, que existen dos críticos de la CICIG:  los mafiosos y los insensatos.  Los segundos, dice, “repudian toda asistencia extranjera por el solo hecho de venir de fuera”, no ofrecen “alternativa real para atajar al crimen sin castigo”, y permanecen silenciosos frente a la invasión de los capos de la droga a Guatemala.   Creo que es sobre-simplificar las cosas, pues la fórmula extranjera-nacional de la CICIG y su montaje concreto sí influyó en la calidad de su desempeño.  Ignorar el cruce de intereses dentro de la CICIG, y desde la CICIG hacia los distintos entes con los que necesariamente se relaciona, implica un análisis de miope visión.  Las personas que siguieron de cerca el proceso deberían ser las primeras en explorar estas preguntas.

Carroll Ríos de Rodríguez