¿Quién gana con las manifestaciones?

Los abuelitos saben bien que lo que no cuesta se hace fiesta. Y los economistas explican esto diciendo; si alcanzar ciertos beneficios no está asociado a los costos, se tenderá a utilizar de más algunos recursos, conduciéndonos a una economía ineficiente.

Este divorcio entre beneficios y costos ha generado aumento de bloqueos, pues se puede ganar algo: (aumentos de sueldo, títulos de propiedad, más presupuesto) a un costo bajo, algunas semanas manifestando. El verdadero costo lo pagan los ciudadanos, al no poder movilizarse, e incluso tener que pagar con sus impuestos los beneficios que estos manifestantes recibirán. Así como hay un tercero que paga los platos rotos, aunque no lo crea, también hoy otro “tercero” que recibe beneficios de estos actos: los diputados.

Ahora tratare de explicarle como es que estos personajes ganan en esto. Una de las funciones de nuestros representantes es intermediar, en términos sencillos intermediar políticamente es hacer contrapeso en la formulación del presupuesto, es asignar recursos a las cortes, es tratar de llevar obras a las comunidades, buscar presionar al ejecutivo por un aumento salariar, el caso de la pensión al adulto mayor es un buen ejemplo de intermediar entre un grupo de la sociedad y el ejecutivo. Entonces ¿Dónde está la ganancia de los diputados? Ellos quedan bien con los manifestantes pues ofrecen y algunas veces cumplen (con el dinero de impuestos), lo que les genera lealtades de ciertos grupos y con los ciudadanos, pues logran disolver la manifestación y otra cosa no muy directa pero si beneficiosa, es que logran exposición con sus votantes. No pierden.

Las manifestaciones, como una rara expresión democrática, deberían afectar a los involucrados para que sean socialmente eficientes. La eficiencia en términos económicos se alcanza al emprender actividades que sus ingresos superen a sus costos, por supuesto los costos reales. Los beneficios son para los manifestantes y los diputados, entonces busquemos asociar costos, que los manifestantes viajen a bloquear las salidas de las colonias donde viven diputados, entonces éstos deberán explicar a sus vecinos que pasa, y regularmente las manifestaciones se dirigirán hacia las casas de los diputados que más ofrecen. Veremos si los diputados reacción igual de pacientes y conciliadores ante el bloqueo cuando los vecinos no quieran diputados en sus condóminos o colonias.

Ser diputado tiene un costo, el cual en Guatemala está más asociado a llegar a ocupar los primeros lugares en los partidos grandes, lo cual se logra por ejemplo, pagando por su ficha o pagar con lealtad hacia el líder del partido, incluso podemos decir que pagar al hacer campaña. Pero una vez electos no hay costos asociados a su gestión. Que les parece que les empecemos a pasar los costos de las muchas cosas que los benefician, como que sean ellos los que soporten los inconvenientes de las manifestaciones.

Cristian Álvarez

Director

Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas -CADEP-

Esteve Jobs, el milagro de una adopción

Conocía sobre Steve Jobs lo mínimo; co-fundador de Apple, un icono no solo en la tecnología, sino en mercadeo, y también un ejemplo de las ventajas de vivir en un país con oportunidades donde estas historias de éxito se repiten mucho más que en otros países. Y lo que más me gusta de hablar de este personaje, es la simpatía que muchos ciudadanos del mundo sentían por él.  Es el ejemplo de empresario; alguien que arriesga, lucha por sus ideas, y se enfoca más en crear que en ganar dinero, por supuesto que si creó algo de beneficio para la sociedad recibirá ganancias, y dentro de más intercambio, más grande será su fortuna.

Pero lo que no sabía es que Steve fue adoptado, que gracias a esa magnífica institución que se base en el amor, tuvo una segunda oportunidad de crecer rodeado de amor.    En esta conferencia, por la aceptación de un doctorado, cuenta esa primera parte de su vida. (http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA&feature=share)

Mientras lamentamos la muerte de Steve Jobs, un genio que sin duda los amantes de ipod, iphoene, ipad, etc. lo extrañaremos, en Guatemala estamos matando a futuros Steves Jobs, una simple ley les está robando la posibilidad, a muchos niños que no nacieron en una familia que los rodee de amor y cosas buenas, de integrarse a la sociedad de la mano de una familia sustituta. En el siguiente documental;  (http://reason.com/blog/2011/10/06/reasontv-abandoned-in-guatemal) podemos ver como una nueva ley hizo que las adopciones pasaran de más de 5,000 casos en 2007 a 35 en el 2010.  Es un dato que vale la pena revisar, y sobre todo determinar si los más de 4,000 niños al año que no han sido adoptados están en mejores condiciones que los que   sí tuvieron la suerte de unirse a una familia adoptiva.

Ver las cosas en retrospectiva es muy fácil. Hoy vemos el milagro que es Apple, que por cierto, la existencia de un proceso que facilitase las adopciones lo hizo posible.   Pero ver las cosas a futuro demanda más esmero y cuidado. Pensemos por un momento que los diputados creyeron legítimamente o ingenuamente en el bienestar que podía traer aprobar esta ley en el 2006, pero hoy está claro que destruyó la institución de las adopciones, por lo que esperaríamos que den marcha atrás en tan dañina ley.

En los parlamentos los diputados discuten para aprobar y reformar leyes, pero pocas veces para abolirlas.  Por supuesto muchas veces hay intereses y beneficios creados alrededor de las leyes, y siempre una resistencia al cambio. Pero el cambio es innato al desarrollo, y equivocarse también es parte del progreso y de nuestra imperfección como humanos.  Por eso la importancia de incluir en nuestra constitución un artículo que diga: Los decretos Legislativos caducarán a los diez años de su emisión. Su vigencia se podrá prorrogar después de ocho años de estar en vigor. De esta forma se evita la acumulación de leyes inaplicables, obsoletas, redundantes, contradictorias o que hayan demostrado que son dañinas para la sociedad. (El ocaso legislativo es como se le conoce a la caducidad de las normas que emiten los parlamentos y estaba incluida en la propuesta de reforma constitucional que promueve la asociación proReforma en Guatemala).

Apuntes de Economía y Política No. 4

Apuntes de Economía y Política en su 4ta edición nos introduce al análisis constitucional, desde la óptica de los economistas.  En el primer artículo el Dr. José Luis Gonzales Dubón  nos explica como la economía es el intercambio de derechos de propiedad entre individuos, y el derecho se puede considerar desde algún punto de vista “vida humana Objetivada”.   Nos recuerda que el estado natural del ser humano es la pobreza, por lo que no hay causas de la pobreza, solo causas de la riqueza, y esta llega cuando las leyes son estables, es decir, no están sujetas al capricho de los gobernantes.

María Ximena Ordóñez, en el segundo artículo,  nos expone un interesante resumen de la historia constitucional de Guatemala. Nos cuenta que el inicio de la vida constitucional se remonta a las constituciones de Bayona y la de Cádiz, cuya vigencia en España se hacía extensiva a las Indias.  Nos cuenta que Guatemala en sus principios de vida independiente utilizó la figura de Senado para reducir los riesgos de tiranía. También en su vida constitucional ha sido parte de una federación de estados.  Ha tenido 10 Constituciones y más de trece reformas constitucionales en los menos de 200 años de vida independiente.

Según el Dr. Keith S. Rosenn, en ningún lugar del mundo existen constituciones más elaboradas y menos observadas que en América Latina.  Más de 255 constituciones en las 20 Repúblicas que llamamos América Latina es sencillamente una indicación de la enorme dificultad que tiene la región para regirse por un gobierno constitucional.

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¿Somos analfabetas económicos?

Solamente un puñado de charlatanes se atreve a pontificar respecto a la física nuclear o la química si nunca ha estudiado el tema.  Sin embargo, muchos formamos contundentes opiniones políticas y económicas a pesar de ser analfabetas en ambos campos.   El doctor en economía y autor de “Straight Talk About Economic Literacy” y del libro The Myth of the Rational Voter, Bryan Caplan, opina que este tipo de analfabetismo es socialmente peligroso.  Hoy por hoy, la mayor parte de la agenda de cualquier gobierno es de índole económica.  Los votantes y sus representantes están determinando los linderos del ámbito de acción privada y colectiva, delimitando el comercio internacional y fijando diversas regulaciones de la actividad económica.   Lo más preocupante es que carecemos de los incentivos para salir de nuestra generalizada ignorancia.

Caplan ha estudiado a fondo una encuesta que fue diseñada por el Washington Post, una fundación privada y la Universidad de Harvard.  Este estudio contrasta las opiniones de los estadounidenses “de la calle” con las de economistas.    Hicieron las mismas preguntas sobre economía a 1,510 personas comunes y corrientes y a 250 economistas profesionales y compararon sus respuestas.   Los resultados son como el aceite y el vinagre.

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Más y mejor democracia

Votar una vez cada cuatro o cinco años, votar por los candidatos inscritos, que el ganador sea el que obtenga una mayoría relativa en primera vuelta o una mayoría absoluta en segunda vuelta. Estas han sido “las herramientas” democráticas por muchos años. Con pequeños cambios en procedimientos como; acercar las mesas a los votantes, hacer campañas de concientización sobre la importancia de votar, cambios a la ley de partidos políticos, tipos de documentos de identificación para votar, y ese tipo de cosas que realmente no tienen mucha importancia.

Que quien maneje nuestros impuesto no sea el rey, sino alguien del pueblo, electo por el pueblo y no por un Dios, eso fue un cambio importante, que los encargados de las cuentas públicas se presenten en un cabildo abierto a rendir cuenta a sus jefes, los ciudadanos, eso fue importante. Que tanto gobernados como gobernantes deben estar bajo el imperio de la ley, que las mujeres tienen derecho a votar, esos han sido cambios a favor de la democracia, a favor de la participación ciudadana en elegir y ser electos.

Pero han pasado muchas décadas sin que veamos cambios importantes, por el contrario, vemos como cada vez es más difícil formar un partido político para participar en la democracia, como las leyes no se discuten con los interesados. Yo creo que la mayoría de cambios en la democracia están encaminados a imponer barreras de entrada a nuevas ideas, y mantener el status que el político actual.

Creo que Pedro Trujillo pone en la mesa dos ideas que valen la pena implementar. Si queremos ver un renacimiento de la democracia, estos dos cambios son fundamentales: que el voto en blanco tenga valor y que se aplique el sistema de elección por preferencias. Les recomiendo el artículo: Sistemas electorales y democracia por Lic. Pedro Trujillo. Escrito para el CEES
http://www.cees.org.gt/index.php/T%C3%B3pico_de_Actualidad_mayo_2010

Cristian Álvarez

Por favor no me ayudes político

Al vivir de cerca la política en Guatemala, muchas veces pienso que James Buchanas y la escuela de Public Choice se quedan cortos al hablar de que el político NO es déspota benevolente, y qué primero pensará en sus intereses personales antes del bien común. Yo creo que la idea del bien común no es parte de su lista de prioridades, hay tantos compromisos adquiridos durante la campaña, favores futuros de campaña, complacer a la comunidad internacional, complacer a los nacionales. Tantas cosas y casos en qué pensar, que el futuro pareciera no tener agenda.

En Guatemala y claro muchos otros países, los políticos nos muestran que no sólo les importa más sus propios intereses que los del país, sino que constantemente actúan de forma destructiva para la sociedad, con poca capacidad de descernimiento, mucho sentido de corto plazo y un desprecio por toda institución y/o persona que se cruce por su camino.
Voy a juntar algunos ejemplos de las decisiones que los políticos toman en Guatemala: Situación A; si usted es empresario y no da factura, la multa comúnmente es el cierre temporal del negocio y la reincidencia se castiga con el cierre del negocio. En el congreso cada ley contra la evasión fiscal, busca que quien no paga sus impuestos según la SAT, la pena sea la cárcel inconmutable. Robarle al estado es comparado con matar a sangre fría o ser un reconocido capo del narcotráfico.
El Estado vive de los impuestos, y claro si no obliga el pago, pues no vive. Pero no se puede atacar y destruir la fuente de impuestos. Pareciera como que si los empresarios son los enemigos de los políticos.
Situación B; Para un partido político en formación, como LIDER o VICTORIA, si hace campaña anticipada, la multa es cancelación del partido. Son duros con la futura competencia. Pero para un Partido Político que ya existe y que hace campaña anticipada la multa es de ochocientos quetzales. Se imagina como tratan al resto, con brutalidad, y ellos mismos se ponen castigos de risa.
Esta injusticia tiene una explicación bien fácil, los políticos hacen las leyes pensando en ellos, sus beneficios, con el único nivel de análisis de que pueden ganar ellos y no más, cada vez aparece menos la pregunta, ¿será bueno para Guatemala?.
Imagínese usted lo que saldría de hacer una reforma a la constitución promovida entre los mismos políticos, no hay duda que el resultado sería la fuente de las injusticias. Por eso es bueno que recordar y aplaudir la forma como se presentó ProReforma, la cual la podría resumir como sigue: Proponer pocos cambios no negociables, luego se le explicaron al pueblo por medio de muchas reuniones, programas de TV radio, artículos de prensa, etc. Este esfuerzo estaba enfocado para que el pueblo votara a favor o en contra de los cambios, ya que no quería dejar los cambios políticos y jurídicos más importantes en manos de “políticos”. Es una diferencia muy importante. Nosotros los ciudadanos debemos amarrar a los políticos, y no dejar que ellos solos se amarren.

La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón