¿Somos analfabetas económicos?

Solamente un puñado de charlatanes se atreve a pontificar respecto a la física nuclear o la química si nunca ha estudiado el tema.  Sin embargo, muchos formamos contundentes opiniones políticas y económicas a pesar de ser analfabetas en ambos campos.   El doctor en economía y autor de “Straight Talk About Economic Literacy” y del libro The Myth of the Rational Voter, Bryan Caplan, opina que este tipo de analfabetismo es socialmente peligroso.  Hoy por hoy, la mayor parte de la agenda de cualquier gobierno es de índole económica.  Los votantes y sus representantes están determinando los linderos del ámbito de acción privada y colectiva, delimitando el comercio internacional y fijando diversas regulaciones de la actividad económica.   Lo más preocupante es que carecemos de los incentivos para salir de nuestra generalizada ignorancia.

Caplan ha estudiado a fondo una encuesta que fue diseñada por el Washington Post, una fundación privada y la Universidad de Harvard.  Este estudio contrasta las opiniones de los estadounidenses “de la calle” con las de economistas.    Hicieron las mismas preguntas sobre economía a 1,510 personas comunes y corrientes y a 250 economistas profesionales y compararon sus respuestas.   Los resultados son como el aceite y el vinagre.

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Más y mejor democracia

Votar una vez cada cuatro o cinco años, votar por los candidatos inscritos, que el ganador sea el que obtenga una mayoría relativa en primera vuelta o una mayoría absoluta en segunda vuelta. Estas han sido “las herramientas” democráticas por muchos años. Con pequeños cambios en procedimientos como; acercar las mesas a los votantes, hacer campañas de concientización sobre la importancia de votar, cambios a la ley de partidos políticos, tipos de documentos de identificación para votar, y ese tipo de cosas que realmente no tienen mucha importancia.

Que quien maneje nuestros impuesto no sea el rey, sino alguien del pueblo, electo por el pueblo y no por un Dios, eso fue un cambio importante, que los encargados de las cuentas públicas se presenten en un cabildo abierto a rendir cuenta a sus jefes, los ciudadanos, eso fue importante. Que tanto gobernados como gobernantes deben estar bajo el imperio de la ley, que las mujeres tienen derecho a votar, esos han sido cambios a favor de la democracia, a favor de la participación ciudadana en elegir y ser electos.

Pero han pasado muchas décadas sin que veamos cambios importantes, por el contrario, vemos como cada vez es más difícil formar un partido político para participar en la democracia, como las leyes no se discuten con los interesados. Yo creo que la mayoría de cambios en la democracia están encaminados a imponer barreras de entrada a nuevas ideas, y mantener el status que el político actual.

Creo que Pedro Trujillo pone en la mesa dos ideas que valen la pena implementar. Si queremos ver un renacimiento de la democracia, estos dos cambios son fundamentales: que el voto en blanco tenga valor y que se aplique el sistema de elección por preferencias. Les recomiendo el artículo: Sistemas electorales y democracia por Lic. Pedro Trujillo. Escrito para el CEES
http://www.cees.org.gt/index.php/T%C3%B3pico_de_Actualidad_mayo_2010

Cristian Álvarez

Por favor no me ayudes político

Al vivir de cerca la política en Guatemala, muchas veces pienso que James Buchanas y la escuela de Public Choice se quedan cortos al hablar de que el político NO es déspota benevolente, y qué primero pensará en sus intereses personales antes del bien común. Yo creo que la idea del bien común no es parte de su lista de prioridades, hay tantos compromisos adquiridos durante la campaña, favores futuros de campaña, complacer a la comunidad internacional, complacer a los nacionales. Tantas cosas y casos en qué pensar, que el futuro pareciera no tener agenda.

En Guatemala y claro muchos otros países, los políticos nos muestran que no sólo les importa más sus propios intereses que los del país, sino que constantemente actúan de forma destructiva para la sociedad, con poca capacidad de descernimiento, mucho sentido de corto plazo y un desprecio por toda institución y/o persona que se cruce por su camino.
Voy a juntar algunos ejemplos de las decisiones que los políticos toman en Guatemala: Situación A; si usted es empresario y no da factura, la multa comúnmente es el cierre temporal del negocio y la reincidencia se castiga con el cierre del negocio. En el congreso cada ley contra la evasión fiscal, busca que quien no paga sus impuestos según la SAT, la pena sea la cárcel inconmutable. Robarle al estado es comparado con matar a sangre fría o ser un reconocido capo del narcotráfico.
El Estado vive de los impuestos, y claro si no obliga el pago, pues no vive. Pero no se puede atacar y destruir la fuente de impuestos. Pareciera como que si los empresarios son los enemigos de los políticos.
Situación B; Para un partido político en formación, como LIDER o VICTORIA, si hace campaña anticipada, la multa es cancelación del partido. Son duros con la futura competencia. Pero para un Partido Político que ya existe y que hace campaña anticipada la multa es de ochocientos quetzales. Se imagina como tratan al resto, con brutalidad, y ellos mismos se ponen castigos de risa.
Esta injusticia tiene una explicación bien fácil, los políticos hacen las leyes pensando en ellos, sus beneficios, con el único nivel de análisis de que pueden ganar ellos y no más, cada vez aparece menos la pregunta, ¿será bueno para Guatemala?.
Imagínese usted lo que saldría de hacer una reforma a la constitución promovida entre los mismos políticos, no hay duda que el resultado sería la fuente de las injusticias. Por eso es bueno que recordar y aplaudir la forma como se presentó ProReforma, la cual la podría resumir como sigue: Proponer pocos cambios no negociables, luego se le explicaron al pueblo por medio de muchas reuniones, programas de TV radio, artículos de prensa, etc. Este esfuerzo estaba enfocado para que el pueblo votara a favor o en contra de los cambios, ya que no quería dejar los cambios políticos y jurídicos más importantes en manos de “políticos”. Es una diferencia muy importante. Nosotros los ciudadanos debemos amarrar a los políticos, y no dejar que ellos solos se amarren.

La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón