Jurisdicción indígena: ¿una oportunidad o una amenaza?

Más de diez años discutiendo sobre si se debe reformar o no la Constitución y en esa discusión han existido propuestas como ProReforma, Usac, Asies, Url, entre otras. La propuesta más reciente que está en el Congreso toca un tema bastante confuso, el pluralismo jurídico. Con respecto a este tema se pretende incluir el derecho indígena como método alterno legítimo para implementar la justicia en algunos lugares del país. Dicha reforma puede ser vista y analizada desde varios ángulos; puede pensarse que el Estado no está siendo eficiente en impartir justicia en zonas del interior del país, por lo que las comunidades que allí residen se han visto en la necesidad de implementar sus propias reglas basadas en sus costumbre. Estas reglas, por lo tanto, se pueden considerar legítimas y utilizarse en casos de ausencia del Estado con previa elección de las distintas comunidades. Pero incluir el pluralismo jurídico en la Constitución también se puede ver como un intento de algunos grupos de ver sus intereses representados en el Estado. Independientemente de las razones por las cuales se crea que esta reforma debe de realizarse o no, hay que analizar bien las intenciones de los grupos que están pujando en el Congreso por ella y entender si esto es en realidad lo que el país necesita en el ámbito jurídico.

Es verdad que muchas veces el Estado no tiene los recursos o la capacidad para lograr que la ley impere en todo el territorio. Según Hans Hermann-Hoppe esto es consecuencia de que el Estado tenga el monopolio para la implementación de la ley y el orden, y en su opinión esto puede solucionarse creando leyes privadas. Lo anterior se logra quitándole el monopolio al Estado y permitiendo que distintas entidades privadas provean el servicio de la implementación de la ley y el orden. Por supuesto, estas entidades siempre tienen que cumplir con ciertas reglas generales para la convivencia pacífica en todo el territorio. Puede verse el derecho indígena como un intento para crear este tipo de entidades y así regular nuestra conducta en la sociedad; sin embargo, esto implicaría cambios no sólo con respecto al pluralismo jurídico sino también a cómo está conformado nuestro Estado.

Creo que esto no es la solución a la falta de justicia. Es responsabilidad del Estado velar porque se cumpla la ley y el Estado guatemalteco es claramente ineficiente para ello. El pluralismo jurídico complicaría más aún un sistema que, de por sí, ya es difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos. Al entrar otro tipo de derecho en juego ¿cómo se va a decidir bajo qué derecho va a ser juzgada una persona? ¿cómo saber si un asunto le compete al derecho indígena o no? y ¿cómo equiparar los castigos y las sentencias de ambos derechos para que, sin importar en qué derecho sea juzgada una persona, ésta sea castigada de una manera justa?

El objetivo de la reforma debe ser otro; tratar de fortalecer el sistema jurídico y el Estado haciéndolos a ambos más incluyente en este sentido es clave. Es necesario lograr que impere la ley en todo el territorio y que las leyes sean más sencillas, para que nadie se sienta en la necesidad de crear leyes para defenderse solo.

Colaboración

Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Esteve Jobs, el milagro de una adopción

Conocía sobre Steve Jobs lo mínimo; co-fundador de Apple, un icono no solo en la tecnología, sino en mercadeo, y también un ejemplo de las ventajas de vivir en un país con oportunidades donde estas historias de éxito se repiten mucho más que en otros países. Y lo que más me gusta de hablar de este personaje, es la simpatía que muchos ciudadanos del mundo sentían por él.  Es el ejemplo de empresario; alguien que arriesga, lucha por sus ideas, y se enfoca más en crear que en ganar dinero, por supuesto que si creó algo de beneficio para la sociedad recibirá ganancias, y dentro de más intercambio, más grande será su fortuna.

Pero lo que no sabía es que Steve fue adoptado, que gracias a esa magnífica institución que se base en el amor, tuvo una segunda oportunidad de crecer rodeado de amor.    En esta conferencia, por la aceptación de un doctorado, cuenta esa primera parte de su vida. (http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA&feature=share)

Mientras lamentamos la muerte de Steve Jobs, un genio que sin duda los amantes de ipod, iphoene, ipad, etc. lo extrañaremos, en Guatemala estamos matando a futuros Steves Jobs, una simple ley les está robando la posibilidad, a muchos niños que no nacieron en una familia que los rodee de amor y cosas buenas, de integrarse a la sociedad de la mano de una familia sustituta. En el siguiente documental;  (http://reason.com/blog/2011/10/06/reasontv-abandoned-in-guatemal) podemos ver como una nueva ley hizo que las adopciones pasaran de más de 5,000 casos en 2007 a 35 en el 2010.  Es un dato que vale la pena revisar, y sobre todo determinar si los más de 4,000 niños al año que no han sido adoptados están en mejores condiciones que los que   sí tuvieron la suerte de unirse a una familia adoptiva.

Ver las cosas en retrospectiva es muy fácil. Hoy vemos el milagro que es Apple, que por cierto, la existencia de un proceso que facilitase las adopciones lo hizo posible.   Pero ver las cosas a futuro demanda más esmero y cuidado. Pensemos por un momento que los diputados creyeron legítimamente o ingenuamente en el bienestar que podía traer aprobar esta ley en el 2006, pero hoy está claro que destruyó la institución de las adopciones, por lo que esperaríamos que den marcha atrás en tan dañina ley.

En los parlamentos los diputados discuten para aprobar y reformar leyes, pero pocas veces para abolirlas.  Por supuesto muchas veces hay intereses y beneficios creados alrededor de las leyes, y siempre una resistencia al cambio. Pero el cambio es innato al desarrollo, y equivocarse también es parte del progreso y de nuestra imperfección como humanos.  Por eso la importancia de incluir en nuestra constitución un artículo que diga: Los decretos Legislativos caducarán a los diez años de su emisión. Su vigencia se podrá prorrogar después de ocho años de estar en vigor. De esta forma se evita la acumulación de leyes inaplicables, obsoletas, redundantes, contradictorias o que hayan demostrado que son dañinas para la sociedad. (El ocaso legislativo es como se le conoce a la caducidad de las normas que emiten los parlamentos y estaba incluida en la propuesta de reforma constitucional que promueve la asociación proReforma en Guatemala).

Por favor no me ayudes político

Al vivir de cerca la política en Guatemala, muchas veces pienso que James Buchanas y la escuela de Public Choice se quedan cortos al hablar de que el político NO es déspota benevolente, y qué primero pensará en sus intereses personales antes del bien común. Yo creo que la idea del bien común no es parte de su lista de prioridades, hay tantos compromisos adquiridos durante la campaña, favores futuros de campaña, complacer a la comunidad internacional, complacer a los nacionales. Tantas cosas y casos en qué pensar, que el futuro pareciera no tener agenda.

En Guatemala y claro muchos otros países, los políticos nos muestran que no sólo les importa más sus propios intereses que los del país, sino que constantemente actúan de forma destructiva para la sociedad, con poca capacidad de descernimiento, mucho sentido de corto plazo y un desprecio por toda institución y/o persona que se cruce por su camino.
Voy a juntar algunos ejemplos de las decisiones que los políticos toman en Guatemala: Situación A; si usted es empresario y no da factura, la multa comúnmente es el cierre temporal del negocio y la reincidencia se castiga con el cierre del negocio. En el congreso cada ley contra la evasión fiscal, busca que quien no paga sus impuestos según la SAT, la pena sea la cárcel inconmutable. Robarle al estado es comparado con matar a sangre fría o ser un reconocido capo del narcotráfico.
El Estado vive de los impuestos, y claro si no obliga el pago, pues no vive. Pero no se puede atacar y destruir la fuente de impuestos. Pareciera como que si los empresarios son los enemigos de los políticos.
Situación B; Para un partido político en formación, como LIDER o VICTORIA, si hace campaña anticipada, la multa es cancelación del partido. Son duros con la futura competencia. Pero para un Partido Político que ya existe y que hace campaña anticipada la multa es de ochocientos quetzales. Se imagina como tratan al resto, con brutalidad, y ellos mismos se ponen castigos de risa.
Esta injusticia tiene una explicación bien fácil, los políticos hacen las leyes pensando en ellos, sus beneficios, con el único nivel de análisis de que pueden ganar ellos y no más, cada vez aparece menos la pregunta, ¿será bueno para Guatemala?.
Imagínese usted lo que saldría de hacer una reforma a la constitución promovida entre los mismos políticos, no hay duda que el resultado sería la fuente de las injusticias. Por eso es bueno que recordar y aplaudir la forma como se presentó ProReforma, la cual la podría resumir como sigue: Proponer pocos cambios no negociables, luego se le explicaron al pueblo por medio de muchas reuniones, programas de TV radio, artículos de prensa, etc. Este esfuerzo estaba enfocado para que el pueblo votara a favor o en contra de los cambios, ya que no quería dejar los cambios políticos y jurídicos más importantes en manos de “políticos”. Es una diferencia muy importante. Nosotros los ciudadanos debemos amarrar a los políticos, y no dejar que ellos solos se amarren.

La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón