Prostitución de la Constitución

Guatemala se enfrenta a una posible reforma a su Constitución. Para entender los riesgos de reformarla les recomiendo este artículo del Prof. Pazos.

Luis Pazos

En un régimen absolutista el gobernante, llámese rey, emperador o Presidente, puede hacer lo que quiera; en un régimen republicano, democrático, su actuación se define por una Constitución, cuya función fundamental es marcarle límites a los gobernantes.

En un gobierno absolutista los funcionarios actúan como quieren. En un régimen constitucional los gobernantes solo deben hacer lo que específicamente les permite la Constitución y los ciudadanos todo, menos lo que les prohíbe.

Una parte de la Constitución describe las funciones de cada dependencia y funcionario público, la otra las llamadas garantías individuales, que dejan claro que ningún gobernante puede atentar contra la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos sin un juicio previo. Lo demás que incluyan sale sobrando, en todo caso debe ir en leyes secundarias.

Para que una Constitución genere certeza y seguridad jurídica debe ser estable y sin cambios cotidianos, como si fuera un calendario. Su contenido no necesita renovarse, pues son principios fundamentales.

De la Constitución se desprenden todas las demás leyes y reglamentos, los que no deben contradecir la Constitución, y de hacerlo deben considerarse inconstitucionales por los jueces. La prostitución de la Constitución mexicana radica en sus constantes reformas y en la inclusión de artículos que no deberían estar en ese ordenamiento, que solo debe contener preceptos fundamentales.

Durante sus 196 años como país independiente (1821-2017), México ha tenido cinco constituciones, mientras los Estados Unidos en sus 241 años de independencia solo una, con 230 años de vigencia y solo 27 enmiendas. La Constitución mexicana más reciente, con 100 años de vigencia, le han recetado 229 decretos de reformas constitucionales, que modificaron alrededor de 700 artículos. La Constitución norteamericana tiene solo 7,754 palabras, la de México 62,012, 8 veces más. Los constantes cambios y su innecesaria extensión, manifiestan su prostitución.

Se deben derogar todos los artículos que legisladores ignorantes y demagogos incluyeron indebidamente en la Constitución, que generan inseguridad jurídica, crean una costosa burocracia innecesaria, limitan más a los ciudadanos y amplían las facultades de los gobernantes.

Apuntes de Economía y Política No. 4

Apuntes de Economía y Política en su 4ta edición nos introduce al análisis constitucional, desde la óptica de los economistas.  En el primer artículo el Dr. José Luis Gonzales Dubón  nos explica como la economía es el intercambio de derechos de propiedad entre individuos, y el derecho se puede considerar desde algún punto de vista “vida humana Objetivada”.   Nos recuerda que el estado natural del ser humano es la pobreza, por lo que no hay causas de la pobreza, solo causas de la riqueza, y esta llega cuando las leyes son estables, es decir, no están sujetas al capricho de los gobernantes.

María Ximena Ordóñez, en el segundo artículo,  nos expone un interesante resumen de la historia constitucional de Guatemala. Nos cuenta que el inicio de la vida constitucional se remonta a las constituciones de Bayona y la de Cádiz, cuya vigencia en España se hacía extensiva a las Indias.  Nos cuenta que Guatemala en sus principios de vida independiente utilizó la figura de Senado para reducir los riesgos de tiranía. También en su vida constitucional ha sido parte de una federación de estados.  Ha tenido 10 Constituciones y más de trece reformas constitucionales en los menos de 200 años de vida independiente.

Según el Dr. Keith S. Rosenn, en ningún lugar del mundo existen constituciones más elaboradas y menos observadas que en América Latina.  Más de 255 constituciones en las 20 Repúblicas que llamamos América Latina es sencillamente una indicación de la enorme dificultad que tiene la región para regirse por un gobierno constitucional.

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Más deuda, ¿a cambio de…?

Ejecución de obras queda a discreción de diputados.

 El apoyo de algunas bancadas del Congreso de la República para aprobar la emisión de Q4 mil 500 millones en bonos tendrá su precio, ya que el uso Q320 millones en obras quedará a criterio de los integrantes de la Comisión de Finanzas”.

Estos son el encabezado e introducción de una noticia presentada en la edición electrónica de Prensa Libre del día 2 de mayo de 2010. (1) La nota claramente insinúa que para lograr los votos necesarios en el Congreso para aprobar dicha deuda hubo que dejar Q320 millones al manejo discrecional de los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual está integrada por diputados de distintas bancadas, de manera que los representantes de los partidos que conformaron la alianza se verán beneficiados en cuanto a poder decidir sobre el destino de dichos recursos.

Más allá de las consecuencias económicas de la deuda, me parece que lo más relevante es resaltar que realmente no hay criterios económicos o técnicos serios detrás del endeudamiento, sino más bien se observa que la decisión es el resultado de la colusión de intereses como las necesidades inmediatas de recursos que tiene el gobierno para financiarse durante este ejercicio y las ventajas que algunos partidos podrán tomar de disponer de una buena cantidad de recursos para obras programadas a su discreción.

Por ende, una conclusión lógica constituye comprender la necesidad de establecer límites constitucionales al endeudamiento público, el cual, como se ha visto, es actualmente muy propenso a ser utilizado de manera discrecional por parte de los políticos, sin tener realmente en cuenta las consecuencias para la población. 

Sin embargo, esto no sería suficiente. La Junta Monetaria, por ejemplo, autónoma solo en papel, es quien en primera instancia debe aprobar cualquier endeudamiento. Y mientras su integración siga siendo politizada, seguirá atendiendo los intereses de los políticos que la integran. Otro caso es el propio congreso, cuyos representantes realmente lo son pero de partidos políticos, no de electores. Ello particularmente por la forma en que son electos. De esa cuenta resulta muy fácil para los jefes de bancadas que suman mayoría negociar prácticamente cualquier acuerdo, pues los votos son, más que disciplinados, subordinados.

Al final se debe comprender que la solución no es más que una reforma constitucional sería, que realmente vaya a la raíz del problema. De lo contrario, seguiremos haciéndonos preguntas como ¿Más deuda, a cambio de…?

(1) http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Ejecucion-obras-queda-discrecion-diputados_0_254974549.html

Alejandro Baldizón