El juego de suma cero de Trump

Luis Pazos

Uno de los errores de muchos economistas y políticos es afirmar que en el intercambio comercial lo que gana una parte lo pierde la otra: si hay más ricos habrá más pobres y, por lo tanto, si hay menos ricos habrá menos pobres.

Esa forma de ver los intercambios le llaman “juego de suma cero”, que se da cuando no hay creación de riqueza ni libertad de realizar las transacciones comerciales, pero cuando el comercio es libre ambas partes ganan, hay un ganar-ganar. Donde predomina el mercado el aumento de ricos resulta en menos pobres y la ausencia de ricos productivos implica normalmente más pobres, como lo demuestro con datos en el libro Desigualdad y distribución de la riqueza.

En su campaña Trump habló de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos como si se tratará de un “Juego de suma cero”, interpretación que el siglo pasado le dieron mercantilistas y socialistas a las relaciones comerciales entre países, que los llevó al aislamiento y a combatir la globalización.

La mayoría de los candidatos de izquierda en Iberoamérica parten del “juego de suma cero” en sus promesas, pues son atractivas, fácil de vender y dan votos entre un pueblo que no se adentra en el funcionamiento de la economía: “estás pobre por culpa de los ricos”, “si compras productos hechos en otro país se producirán menos en México”, “los productos extranjeros significan menos empleos en tu país”, predicaban los políticos que hace 23 años se opusieron a la firma del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá. Vaticinaron que causaría pobreza y desempleo.

Trump, considerado “conservador” y de derecha, americanizó esas tesis y las utiliza para crear entre los desempleados y descontentos en EUA la idea que el desempleo lo generó el tratado de libre comercio con sus vecinos, aunque hay cifras que muestran que dicho tratado ha generado riqueza y creado millones de empleos en los tres países.

El desempleo en México y en EUA no es por el libre comercio, sino por políticas internas equivocadas en cada país, pero es más fácil echarle la culpa al vecino que señalar a sindicatos, al exceso de reglamentaciones, a los seguros de desempleo y a los altos impuestos, como los factores que crean el desempleo.

 

Los Aranceles, el contrabando y el caso del Pollo

Los Estados se han atribuido el derecho de cobrar por el ingreso o egreso de bienes y servicios producidos dentro o fuera de sus fronteras, y para eso han estableciendo tarifas, aranceles, requisitos fitosanitarios, etc. los cuales permiten regular el comercio internacional según distintos fines. Esta intervención de los Estados ha sido fuente de constantes abusos lo que ha llevado a entorpecer el crecimiento económico y buscar nuevas reglas para el comercio internacional. Los Tratados de Libre Comercio ofrecen una salida parcial para estos abusos y beneficia especialmente al consumidor; pues este último obtiene los beneficios de una mayor cantidad de productos a menores precios en el mercado nacional. Pero el tema central de la discusión es <<los aranceles>>, ¿son buenos? ¿son malos?

Para conocer la respuesta a las interrogantes tomemos como ejemplo el caso del pollo en Guatemala. Pues bien, el pollo ha sido motivo de discordia entre productores e importadores, ya que la importación del mismo al país cuenta con una tarifa arancelaria del 12.5% con tendencia a la baja, según lo negociado en el TLC con Estados Unidos y Canadá. La existencia de este arancel uno pensaría que los beneficiados son los productores nacionales, representados en la Asociación Nacional de Avicultores (ANAVI) mientras los importadores sufren las consecuencias pues el arancel aumenta sus costos, lo que los obliga a subir precios, bajar calidad o bien despidos. Por supuesto uno de los afectados es el consumidor que tendrá que consumir un producto más caro.  No obstante, ante las medidas impositivas del gobierno y su incapacidad de hacer cumplir la ley, el contrabando entra en escena. Con el contrabando el escenario se ve más adverso para los productores nacionales, pues el producto de contrabando al no pagar tarifa, tampoco IVA y se puede vender a un precio más bajo que el producto importado legal y el producido en Guatemala.

Recientemente el Ministerio de Economía (MINECO) aparece con una iniciativa para desgravar el arancel (llevar la tarifa a cero) y favorecer las importaciones al pollo y de esta manera permitir que sean los consumidores quienes finalmente decidan entre los diversos productos que debe utilizar.  Lo interesante ante este escenario es la falta de protesta por parte de los productores nacionales, (quienes en teoría se benefician de los aranceles a las importaciones) lo que nos lleva a preguntarnos si es realmente el espíritu de una competencia justa y romper con los monopolios o bien es el problema del contrabando y el acceso al arancel el que realmente mueve la falta de pronunciamiento. Ejemplificando como, al contrario de la creencia popular, los aranceles afectan de manera negativa al consumidor y al productor nacional.

Por lo tanto, se puede concluir que si bien los aranceles son tarifas que se establecen para regularizar y desincentivar el consumo de productos importados, en este caso afectan tanto al consumidor (al perder la variedad de productos) como al productor nacional, pues la existencia de un arancel hace que se opte por el contrabando como salida ante la insostenibilidad de un producto, por lo que el productor nacional se ve inmerso en una competencia desleal; afectando de manera directa sus ventas y su desempeño en el mercado. En fin para evitar todo tipo de escenarios adversos a la economía la mejor solución es eliminar los aranceles que tanto afectan al consumidor y al productor, abrir las puertas al libre comercio y a la competencia justa; sin ventajas ni privilegios para nadie.

Colaboración

María José Quezada Soler                                                                                               Estudiante Relaciones Internacionales                                                                           Universidad Francisco Marroquín

 

Filosofía enlatada con 120 personas…

Es curioso que desde que utilizo más frecuentemente el transporte urbano de la ciudad o como comúnmente le llamamos  “Las camionetas”,  logro observar las caras de ciudadanos de a pie, -como yo-, sin privilegios, sin grupos de presión, sin lobbies, sin banderas políticas, ni siquiera pertenencia a un gremio influyente de esta mal llamada Nación; En si, el grupo de ciudadanos que los enfermizos llaman la clase baja o el Pueblo.

Durante el transcurso de cada viaje en el que voy enlatado con otras 120 personas dentro de esos botes de basura públicos con ruedas, trato de leer y escudriñar en los rostros, en las conversaciones, en las miradas perdidas, inclusive, hasta en la “moda” urbana el verdadero sentir de esas personas.  Es increíble ver que la gente no le interesa el tema de “Nación”, “Soberanía”, “Sociedad”, “Ecología”, “Recursos Naturales”, etc.  Le interesan los precios de la canasta básica, de cuanto suben (o bajan) los precios de los servicios como “La luz” y “el agua”, de donde se compran cosas más baratas; En si: Su propia sobrevivencia.  Se interesan muchísimo por la violencia que es muy democrática en su ira que se ve reflejada en las miradas cristalinas de estos usuarios en esa ruleta rusa que es viajar en camioneta de A a B.

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Empresa farmacéutica Johnson & Johnson

Esta semana, la empresa farmacéutica Johnson & Johnson hizo una recolección “voluntaria” de su marca Children´s Motrin (iboprufeno para niños), entre otras, pues la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés), una agencia federal del gobierno de Estados Unidos, visitó algunas plantas de fabricación de la empresa y expresó preocupación porque en el pasado, medicamentos como éste han sido ligados al síndrome Stephen Johnson que afecta la epidermis y puede inclusive provocar la muerte. 

En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ya está siguiendo los pasos de las autoridades estadounidenses, pero se estima que tomará aproximadamente dos semanas remover el producto de los estantes de farmacias nacionales.

Semejante noticia provoca alarma entre padres de familia que incautamente pudieran dar este medicamento a su hijo con fiebre.  Sabiéndonos relativamente ignorantes respecto de estos temas, reaccionaremos incluso con agradecimiento hacia la agencia federal, por proteger a nuestros chicos de un grave peligro.   Una cosa cierta es que ni los padres de familia ni las agencias estatales estamos pensando en términos de costos y beneficios.  Sin darnos cuenta, la suma de nuestros actos pudiera imponer altos costos a la sociedad.  Algunas preguntas sin respuesta son:

  1. ¿Cuán real es la relación entre el iboprufeno y el síndrome Stephen Johnson?  ¿Cuánto iboprufeno tiene que consumir un niño para contraer la enfermedad? ¿Cuán elevada es la probabilidad de contraer el síndrome?  Y por contraste, ¿cuánto alivio aporta a cuántos consumidores una dosis de iboprufeno? 
  2. ¿Qué costo tiene para la sociedad estadounidense el FDA?  ¿Cuántos funcionarios monitorean las plantas privadas de farmacéuticas nacionales?  ¿Qué pasa si no detectan “anomalías”, cómo justificarían su existencia y abultado presupuesto?  ¿Qué pasa al funcionario individual si sus omisiones o acciones tienen consecuencias negativas en la población?  Un consultor médico justamente señaló que los recortes al presupuesto del FDA han inducido una nueva forma de operar que es más agresiva—en lugar de dar un plazo prudencial a la empresa para ajustar su producción, se brincan a multas y procesos legales.
  3. ¿Quién está fiscalizando al fiscalizador?

Carroll Ríos de Rodríguez