Cómo darle trabajo a deportados de EUA

El gobierno de Guatemala al igual que al gobierno de México pueden hacer muy poco para influir en las políticas migratorias, y el trato que Estados Unidos da a nuestros compatriotas que  trabajan en tierras americanas o que sueñan con llegar a ellas.  Lo que si pueden hacer los gobiernos es impulsar políticas que atraigan más y mejores fuentes de empleo a sus países.
Luis Pazos
Para que la economía absorba el regreso de cientos de miles de mexicanos de Estados Unidos, y evitar que desempleados y subempleados traten de pasar la frontera para conseguir un buen empleo, que no lo pueden encontrar en México, es necesaria la derogación de leyes y reglamentos que obstaculizan la creación de empleos.

Muchos de los que regresan traen recursos para comprar  tierras y convertirse en pequeños propietarios, pero la incertidumbre de la propiedad en el campo les impide hacerlo. Se debe facilitar la compra-venta de ejidos, derogar leyes que exigen asambleas en las comunidades para validar su venta. Que cada ejidatario o comunero venda o compre tierras con la misma seguridad jurídica y procedimientos que en las zonas urbanas.

Cientos de miles llegarán de los EUA en busca de empleo, por lo que es necesario flexibilizar las leyes laborales y reducir cargas fiscales a los empresarios para incentivar y facilitar la creación de más empleos.

El exceso de cargas, reglamentaciones y de gravosas multas por cualquier falta administrativa, que generan corrupción, mayores costos de transacción en la apertura de empresas y en la contratación de personal, son de las principales causas de la baja creación de empleos en México. Es necesario simplificar la ley laboral, reducir impuestos y trámites a la generación de empleos legales para aumentar su oferta en el mercado laboral.

Los planes de aplicar impuestos a exportaciones hacia los Estados Unidos de productos mexicanos y de bajar los impuestos a empresas en los Estados Unidos de Trump, hacen necesario la reducción de impuestos a las empresas en México para darle competitividad a la inversión. Si Trump reduce los impuestos a empresas en EUA, el peligro no solo será que emigren empresas extranjeras que ya están en México sino que no lleguen más a invertir.

Facilidad y seguridad en adquirir propiedades en el campo, reducción de cargas fiscales y laborales a los creadores de empleos, son algunos cambios que deben iniciar el Ejecutivo a nivel reglamentos y los legisladores en cuanto a reformas y derogación de leyes.

No quedarnos en llamados a la unidad o a una negociación digna, y postergar reformas en el entorno legal interno, necesarias para amortiguar y contrarrestar las políticas anunciadas por Trump.

Gasolinazo, impuestos, corrupción y liberalización

Una explicación sobre el por qué de los cambios en los precios de la gasolina en México y del peligro de no corregir el rumbo.

Luis Pazos

Al inicio del actual gobierno se nos dijo que el aumento de impuestos era para cubrir el hoyo que dejó en las finanzas públicas la baja internacional del petróleo; hoy nos dicen que el aumento de precios de la gasolina es por el alza internacional del barril del petróleo. Baje o suba el barril del petróleo el mexicano paga más por el litro de gasolina que sus vecinos del norte, con un mayor poder adquisitivo.

No confundir la liberación del precio de la gasolina, que es un paso positivo, con el alto precio de la gasolina generado por la ineficiencia, exceso de prestaciones al personal sindicalizado, baja productividad, mala administración y corrupción en Pemex, vicios que no comenzaron con esta administración, pero se agravaron en los últimos cuatro años.

Antes, la mayoría de las gasolinas se producían en México, ahora importamos cerca del 70%. La balanza comercial petrolera es negativa. (Datos en el libro EPN: EL RETROCESO). Pemex ya no genera ingresos al gobierno ni dólares al país. Necesita subsidios para pagar el aumento irresponsable de su deuda y la compra de plantas chatarra por arriba de su precio de mercado.

La necesidad de cubrir cada año sus mayores gastos y los hoyos dejados por el saqueo de varios Estados, los llevan a sacar dinero de donde puedan. Los altos impuestos integrados al precio de las gasolinas son principal causa, no su liberalización, de que en México paguemos un mayor precio por la gasolina que en EUA.

En diciembre de 2016, en Texas el impuesto a la gasolina era del 17.9%, en California, 19.2%, en Guatemala, 29% y en México, con base en la gasolina magna, que representa el 80% del consumo, del 43%. Los altos impuestos, para cubrir los hoyos de la corrupción, el derroche y la impunidad en los últimos cuatro años, son las principales causas de los aumentos de precios de la gasolina y no una “responsable política de liberalización de precios”.

Necesitamos una responsable política de austeridad, endeudamiento, de combate a la corrupción y la impunidad a quienes han saqueado Pemex y los estados, causa primera de la necesidad de los gasolinazos.

 

Milton Friedman y Bob Chisteter

El pasado jueves 14 de febrero, nos visitó en las instalaciones de la Universidad Francisco Marroquin el señor Bob Chitester, quien trabajó con Milton Friedman para crear el programa Free to choose, el cual era un conjunto de documentales sobre las ideas de la libertad y su aplicación en varios aspectos de la vida, por ejemplo el económico.

Para los alumnos que participaron de la pizza party fue muy enriquecedor ya que la mayoría no conocían a profundidad estas ideas o esta faceta poco usual de este gran economista, ¿y que mejor manera de motivarnos a emprender el camino sobre las propuestas de Friedman, con un documental de éxito mundial?, quien además  logró influenciar a dignatarios como Margaret Tatcher.

Llamó mucho la atención las comparaciones sobre la competencia que enfrenta un trabajador de Amazon y un empleado del gobierno; en cual el primero tiene capacidad de ascender e incentivos para ser cada vez mejor en su labor, mientras que el segundo si no realiza algo que supere las expectativas, no pasa nada, es un persona que no tiene incentivos de servir mejor a los consumidores.

Esto y muchas cosas más fueron el tema de conversación con este gran personaje, pero  es solo una  pincelada de lo que se tiene pensado realizar este 2017 en el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas.

Si deseas ver más fotos haz click aquí: http://cadep.ufm.edu/pizza-party-la-libertad-economica-excluye-incluye-las-minorias-caso-nueva-zelanda/

Colaboración

Laureen Rocio Godínez Barrios
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francismo Marroquín

Jurisdicción indígena: ¿una oportunidad o una amenaza?

Más de diez años discutiendo sobre si se debe reformar o no la Constitución y en esa discusión han existido propuestas como ProReforma, Usac, Asies, Url, entre otras. La propuesta más reciente que está en el Congreso toca un tema bastante confuso, el pluralismo jurídico. Con respecto a este tema se pretende incluir el derecho indígena como método alterno legítimo para implementar la justicia en algunos lugares del país. Dicha reforma puede ser vista y analizada desde varios ángulos; puede pensarse que el Estado no está siendo eficiente en impartir justicia en zonas del interior del país, por lo que las comunidades que allí residen se han visto en la necesidad de implementar sus propias reglas basadas en sus costumbre. Estas reglas, por lo tanto, se pueden considerar legítimas y utilizarse en casos de ausencia del Estado con previa elección de las distintas comunidades. Pero incluir el pluralismo jurídico en la Constitución también se puede ver como un intento de algunos grupos de ver sus intereses representados en el Estado. Independientemente de las razones por las cuales se crea que esta reforma debe de realizarse o no, hay que analizar bien las intenciones de los grupos que están pujando en el Congreso por ella y entender si esto es en realidad lo que el país necesita en el ámbito jurídico.

Es verdad que muchas veces el Estado no tiene los recursos o la capacidad para lograr que la ley impere en todo el territorio. Según Hans Hermann-Hoppe esto es consecuencia de que el Estado tenga el monopolio para la implementación de la ley y el orden, y en su opinión esto puede solucionarse creando leyes privadas. Lo anterior se logra quitándole el monopolio al Estado y permitiendo que distintas entidades privadas provean el servicio de la implementación de la ley y el orden. Por supuesto, estas entidades siempre tienen que cumplir con ciertas reglas generales para la convivencia pacífica en todo el territorio. Puede verse el derecho indígena como un intento para crear este tipo de entidades y así regular nuestra conducta en la sociedad; sin embargo, esto implicaría cambios no sólo con respecto al pluralismo jurídico sino también a cómo está conformado nuestro Estado.

Creo que esto no es la solución a la falta de justicia. Es responsabilidad del Estado velar porque se cumpla la ley y el Estado guatemalteco es claramente ineficiente para ello. El pluralismo jurídico complicaría más aún un sistema que, de por sí, ya es difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos. Al entrar otro tipo de derecho en juego ¿cómo se va a decidir bajo qué derecho va a ser juzgada una persona? ¿cómo saber si un asunto le compete al derecho indígena o no? y ¿cómo equiparar los castigos y las sentencias de ambos derechos para que, sin importar en qué derecho sea juzgada una persona, ésta sea castigada de una manera justa?

El objetivo de la reforma debe ser otro; tratar de fortalecer el sistema jurídico y el Estado haciéndolos a ambos más incluyente en este sentido es clave. Es necesario lograr que impere la ley en todo el territorio y que las leyes sean más sencillas, para que nadie se sienta en la necesidad de crear leyes para defenderse solo.

Colaboración

Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

La Protección a los productos Nacionales

Día a día cada persona consume productos que van desde cuidado personal a alimentos. Rastrear el origen de los mismos no es complicado, pues muchos de los productos que consumimos sabemos su origen y en resumen son; extranjeros o nacionales. En términos sencillos cada consumidor debe escoger un producto extranjero o uno nacional. Pero algunas veces el gobierno toma la decisión por el consumidor y decide (sin dejar opinar al consumidor ni participar al productor extranjero) que el producto nacional es el ganador. Con esto la diversidad de productos que se ofrecen en el mercado nacional disminuye, pues para hacer ganar al “productor nacional” el gobierno debe establecer una serie de obstáculos a la importación; los cuales van desde impuestos a excesivas clasificaciones aduaneras.

Como es de esperarse muchas empresas extranjeras se retiran del mercado pues no logran sobrellevar las distintas trabas gubernamentales, afectando de manera directa al consumidor quién en primera instancia pierde una serie de productos que podría consumir (mejores productos o más económicos). Pero estas políticas proteccionistas no solo afectan a los productores extranjeros y a los consumidores naciones, pues varios empresarios nacionales pierden la facilidad de importar materias para elaborar sus productos; ya que en aduanas las trabas impiden el fácil acceso teniendo como consecuencia un aumento en costos y un alza en los precios con lo que disminuye la competitividad en el mercado de los mismos.

A estas alturas es relevante preguntar: si no hay aparentes beneficiarios, ¿para qué inducir más impuestos de importación y más trámites en las aduanas? La respuesta; pues si bien el empresario promedio debe de luchar por su lugar en el mercado, existen otros que se hacen de influencias gubernamentales para beneficiarse a costa de políticas extractivas que nada tienen que hacer con el beneficio de la población. De esta manera con un aumento en aranceles, una clasificación más estricta o bien agregar un ingrediente más a la lista, como una vitamina más al azúcar, se impide la “competencia extranjera” del mercado nacional. Con este proceder, quienes se benefician del proteccionismo pierden cualquier incentivo para realizar un producto de calidad, pues de cualquier manera el gobierno vela por que sea ese producto el consumido en el país sin importar que no sea el mejor en el mercado.

Entonces por qué no permitir que sean los consumidores quienes libremente elijan cuál producto deseen consumir. Por qué no dejar que sea el producto de calidad y mejor aceptación el ganador en el mercado y que cada empresa busque su lugar bajo una competencia realmente justa y sana. Y esto aplica tanto a nivel nacional como internacional, pues si bien deseamos importar el mejor producto para nuestro consumo, lo mismo sucede con cada ciudadano de los distintos países del mundo. Debemos cuidarnos de políticas proteccionistas; que acrediten a políticos para decidir que producto debemos consumir. Políticas que en nada benefician al consumidor, al empresario promedio y en grandes rasgos al país.

Colaboración
María José Quezada
Estudiante Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Prostitución de la Constitución

Guatemala se enfrenta a una posible reforma a su Constitución. Para entender los riesgos de reformarla les recomiendo este artículo del Prof. Pazos.

Luis Pazos

En un régimen absolutista el gobernante, llámese rey, emperador o Presidente, puede hacer lo que quiera; en un régimen republicano, democrático, su actuación se define por una Constitución, cuya función fundamental es marcarle límites a los gobernantes.

En un gobierno absolutista los funcionarios actúan como quieren. En un régimen constitucional los gobernantes solo deben hacer lo que específicamente les permite la Constitución y los ciudadanos todo, menos lo que les prohíbe.

Una parte de la Constitución describe las funciones de cada dependencia y funcionario público, la otra las llamadas garantías individuales, que dejan claro que ningún gobernante puede atentar contra la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos sin un juicio previo. Lo demás que incluyan sale sobrando, en todo caso debe ir en leyes secundarias.

Para que una Constitución genere certeza y seguridad jurídica debe ser estable y sin cambios cotidianos, como si fuera un calendario. Su contenido no necesita renovarse, pues son principios fundamentales.

De la Constitución se desprenden todas las demás leyes y reglamentos, los que no deben contradecir la Constitución, y de hacerlo deben considerarse inconstitucionales por los jueces. La prostitución de la Constitución mexicana radica en sus constantes reformas y en la inclusión de artículos que no deberían estar en ese ordenamiento, que solo debe contener preceptos fundamentales.

Durante sus 196 años como país independiente (1821-2017), México ha tenido cinco constituciones, mientras los Estados Unidos en sus 241 años de independencia solo una, con 230 años de vigencia y solo 27 enmiendas. La Constitución mexicana más reciente, con 100 años de vigencia, le han recetado 229 decretos de reformas constitucionales, que modificaron alrededor de 700 artículos. La Constitución norteamericana tiene solo 7,754 palabras, la de México 62,012, 8 veces más. Los constantes cambios y su innecesaria extensión, manifiestan su prostitución.

Se deben derogar todos los artículos que legisladores ignorantes y demagogos incluyeron indebidamente en la Constitución, que generan inseguridad jurídica, crean una costosa burocracia innecesaria, limitan más a los ciudadanos y amplían las facultades de los gobernantes.

¿Cuál sigue siendo el problema fiscal de Guatemala?

Cada año, con mucha tristeza por el futuro de Guatemala, he encontrado discusiones muy pobres sobre el tema fiscal, un debate en el cual, año con año se recoge más de lo mismo, que busca culpables donde no los hay, y sobre todo que desperdicia en cada elaboración una ventana de oportunidad política para redefinir el rumbo como nación.   Analicemos un poco el tema.

El actual gobierno desperdició la oportunidad en el 2015 de tener un presupuesto que se ajustará a sus propuestas de campaña, y así lograr un primer año de alta ejecución y dar resultados a la población, lo que le permitiría agenciarse de más capital político para empujar los cambios que el sistema necesita. Por el contrario el resultado fue una baja ejecución presupuestaria, sumado a una acelerada pérdida del capital político del presidente y prácticamente condenó al partido de gobierno a no tener oportunidades de ser competitivo en las elecciones del 2019. Resumen, se pierden las ilusiones que generó un presidente más y otro partido más que llegó a gobernar, el cual correrá con la suerte de sus anteriores.

Para el 2017 el actual gobierno basa su plan fiscal en dos ejes principales: el primero es fortalecer la recaudación fiscal, sin importar los excesos que pueda cometer la SAT y por supuesto sin un análisis de los daños que estos excesos están ocasionando a la actividad empresarial y al clima de inversión en el país. Esta presión fiscal le va dar ingresos en el 2016 y 2017, mientras que en el 2018 la falta de inversión y de certeza se empezará a sentir, aumentará la informalidad, disminuirá de la actividad económica con su respectiva disminución en los ingresos fiscales. El segundo eje es lo que llamaron un presupuesto participativo, y en su elaboración convocaron a la sociedad civil para que hicieran propuestas, y de esta idea resultó una larga lista de deseos, sin prioridades. El resultado de presentar un presupuesto que no tiene rumbo, al igual que en el 2016 deja a cada ministro a cargo de la dirección que le quiera dar a su institución, es un año más perdido, y a eso se debe sumar que esa lista abierta de deseos estará muy lejos de la realidad, generando nuevos focos de ingobernabilidad.

Los analistas están perdiendo la brújula y los políticos hace rato que la perdieron al apoyar un plan para que las empresas paguen más impuestos, (de forma justa o injustas) ya sea en el presente (reformando las leyes, como el secreto bancario)  o en el futuro endeudando más al país, pues insistir en cubrir o aumentar el gasto público no es el principal problema que afecta el desarrollo de Guatemala, sino la desviación, el derroche y robo de los impuestos por los gobernantes, pasados y presentes.

Es importante revisar los datos y la historia de los países que hoy son ricos. Ningún país del mundo ha resuelto sus problemas de pobreza, desempleo y bajo crecimiento, aumentando impuestos o aumentando la recaudación fiscal en relación con su Producto Interno Bruto.  Los problemas de la pobreza se resuelven incrementando la inversión, con la presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales huyen de los países con más impuestos y presiones fiscales, así como huyen también de la incertidumbre política y económica.

El plan presentado por el Director de la SAT para seguir persiguiendo empresarios, (buenos y malos), podrá ayudar a aumentar la recaudación fiscal, pero no ayudará al desarrollo económico y tampoco a los más pobres.

El presupuesto participativo de gastos presentado por el Ministro de Finanzas, cerca de los 79 mil millones, podrá ayudar a aumentar el gasto público como porcentaje del PIB (para alegría de algunos analistas) pero solo traerá desequilibrios fiscales que llevarán al gobierno a un nuevo endeudamientos sin posibilidades sanas de pago.  Los problemas de la ineficiencia del gobierno actual (y pasados también),  no son resultado de la existencia del grupo denominado “la línea”, que organiza la evasión o elusión fiscal, sino de un irresponsable e improductivo gasto público, que en nada apoya un mayor crecimiento económico.

Si en realidad un gobierno quiere ayudar al desarrollo de Guatemala, debe presentar planes para reducir el gasto público, aumentar su productividad, detectar sus desvíos, transparentar su destino y recuperar los recursos robados en el pasado.

La solución a los problemas de ineficiencia en el gasto público, déficit fiscal, deuda pública  y pobreza no está por el lado de mayores impuestos y controles fiscales a las empresas, sino en limitar los gastos de los gobernantes y establecer una mayor vigilancia en el uso de los recursos.  Es la desviación, el derroche y robo de los impuestos por los gobernantes lo que no nos permite romper el círculo vicioso de malas instituciones de justicia que da como resultado malos políticos y malas políticas públicas.

No es dando más dinero a los gobernantes que se solucionan los problemas de delincuencia, pobreza, violencia, desnutrición, mala educación, etc. es invirtiendo los ingresos fiscales, primero en más y mejores controles y luego en proyectos priorizados.

Cristian Álvarez
Director
Centro de Análisis de las Decisiones Públicas

¿Cómo afectan los paros en la economía del país, podrían haber alternativas?

Los paros y bloqueos siempre generan gastos adicionales a empresarios y ciudadanos, unos pierden más que otros dependiendo del producto y actividad. Seguro un vendedor rutero pierde más que un doctor. Y un distribuidor de melocotones pierde más que uno de telas.

Un costo que sube de forma peligrosa, que no se ve pero existe, es el aumento de riesgo país. Los compradores de fresas de Canadá ven que es mejor negociar con otros proveedores pues en Guatemala hay muchas posibilidades de incumplimiento. Hay negocios que se van a dejar de hacer. Los importadores buscarán comprar en Chile o Colombia, aunque sea más caro, pero hay menos riesgo. Eso lo pagaremos todos los guatemaltecos pues menos actividad empresarial genera menos demanda de empleados, aumenta el desempleo y bajan los salarios.

Conociendo Guatemala y sus procesos, la prepotencia, es la peor alternativa. Hay muchos problemas, la falta de diálogo solo polariza y manda el mensaje que no podemos resolver nuestras diferencias en una mesa y tiene que ser con huelgas o con el uso de la fuerza. La huelga y la policía debe ser la última opción y no la primera.

Poner a funcionar otra vez el ferrocarril

En este tema de transporte de mercadería también se ha mencionado la idea de poner a funcionar otra vez el ferrocarril, ¿consideras que ayudaría o qué otros medios de transporte debería implementarse en Guatemala?

Estados Unidos y Argentina lograron altos niveles de riqueza a principios del siglo XX en parte por su red de ferrocarriles, los trenes llegaban a todo el país y a los principales puertos. Transportar mercaderías en ferrocarril es más barato, lo cual termina beneficiando a los ciudadanos.

Si hace falta el tren en Guatemala, que conecte las principales ciudades con los puertos y aeropuertos, con México, El Salvador y Honduras. Pero no solo necesitamos trenes, también necesitamos inversión en los puertos y en los aeropuertos y mejores carreteras. El problema es que no alcanza el presupuesto del Estado para más y mejores vías de comunicación. Por supuesto necesitamos mejorar la gestión de las aduana, pues no funciona tener buenos puertos y que los trámites para sacar de la aduana los contenedores tomen dias. Tampoco se aprovechan buenas carreteras si se pierden muchas horas en la frontera con Honduras o El Salvador.

De nuevo hay que recurrir a los ahorros de los privados y a la iniciativa empresarial para desarrollar el país. Es fácil ver que se necesita desde hace varios años; el anillo metropolitano de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Chimaltenango, de Barberena, de Cuyotenango y pronto en la entrada a Mazatenango por mencionar algunos. Hay que ampliar a cuatro carriles la carretera a Izabal, Cobán, Frontera con el Salvador, de Xela a San Marcos, de nuevo por mencionar las que son urgentes. Pero es importante recordar que la infraestructura vial, así como los puertos y aeropuertos deben siempre tener capacidad ociosa, es decir, se deben construir pensando en que funcionen los próximos 15 años con holgura.

Las principales carreteras que ya existen se deben concesionar para que los privados cobren peajes y las mantengan en buen estado, y parte de lo que se recaude se debe destinar a la construcción de caminos vecinales y mejorar carreteras de menor importancia. También se debe incentivar la participación de los privados en la construcción de nuevas carreteras, el periférico de Chimaltenango, de la ciudad de Guatemala y de Barberena debe ser construido inmediatamente con capital privado y cobrar peaje.

Un porcentaje de las utilidades de los peajes que se cobren por el uso de las carreteras ya construidas y de lo recaudado por las nuevas concesiones, debe ir al gobierno y utilizarse específicamente para construir caminos vecinales, donde los privados no estén interesados en invertir.

Por supuesto las tarifas autorizadas y las utilidades de estas empresas deben estar a la vista del público, para garantizar transparencia y poder medir los beneficios de la participación privada en este tema tan importante para el desarrollo de Guatemala.